Para desviar la atención del aumento de los precios de la canasta básica, los combustibles y la electricidad, así como la introducción forzada del Bitcoin y el robo en ciernes de las pensiones, se incrementó el salario mínimo, un paso que aquí y en todas partes genera desempleo, afectando en especial a mujeres, jóvenes sin experiencia, adultos mayores y discapacitados.
El desaguisado se impone en un momento en que del Norte están enviando de vuelta a El Salvador un promedio de quinientas personas diarias, las que van a encontrar un entorno de desempleo, incremento de la pobreza ( más del cincuenta por ciento de la población se ha empobrecido como resultado de las imparables ocurrencias del régimen de los cuatro hermanos), generando una creciente presión en la caldera social.
El ministerio de Trabajo, cuyo titular figura entre los señalados por corrupción en la lista Engel, ha dicho que hará revisiones en empresas y negocios para asegurarse de que “lo dispuesto” se cumpla, lo que es una burla a los que forzosamente van a quedar cesantes.
Podrá dicho ministro cerciorarse de que los nuevos salarios “se están pagando”, pero no es probable que le digan cuántos, por culpa de la normativa, pierden sus puestos.
A lo anterior se suma lo que ha dicho la Defensoría del Consumidor de que hará inspecciones para asegurarse de que no haya alteración en los precios de productos de consumo, lo que choca frontalmente no solo con el sentido común (cuando todo sube, obligadamente suben los precios) como por la experiencia de todos los que compran y venden en este suelo, comenzando por las pupuserías: sus propietarias hacen ver que si el gas es más caro, los insumos más costosos, los alquileres más altos, si no suben el precio de las pupusas se verían forzadas a cerrar, como igualmente tienen que hacer los restaurantes, los fabricantes de ropa, los transportistas, toda clase de comerciantes, los agricultores... estos últimos han sufrido pérdidas de más de ochenta y cinco millones de dólares a causa de las compras de granos con sobreprecios que hizo el extitular de Agricultura de Bukele.
No hay nada que ahuyente más al inversionista que estar a merced de los caprichos de un régimen
Históricamente los controles de precios, los manoseos a las realidades del mercado, han llevado a la ruina a quienes los imponen: Diocleciano “se cargó” el Imperio Romano y con ello abrió las puertas a Constantino, de la misma forma como los incas debilitaron su control entregando “en bandeja de plata” el Perú a Pizarro y su tropa, que se valieron del profundo descontento de las otras etnias peruanas para salir del indigenismo y crear un virreinato español.
Es evidente y como lo dijo Santayana, que quienes ignoran la historia están condenados a repetir sus errores y gestar grandes desastres.
Lo dispuesto sobre el incremento al salario mínimo contra las realidades que se sufren en un país cada vez más empobrecido no pasa inadvertido para quienes invierten, sean nacionales o foráneos, que ven cómo en lugar de estabilidad, de reglas claras, de situaciones predecibles, lo que caracteriza a esta nación es lo incierto, los palos de ciego, la persecución sin sentido de negocios, familias, “porque así le vino en gana al señor presidente”.
Esa condición de país donde el suelo es gelatinoso y nadie puede predecir lo que sucederá al siguiente día, a lo que se suman las agresiones a la libre expresión —un derecho garante de las libertades de un conglomerado— conduce inexorablemente a la fuga de capitales y la anarquía...