No se puede dejar de felicitar la concesión del crédito de 1,400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), tan esperado por el Gobierno de El Salvador que derivará en eventos de liquidez adicionales, préstamos y proyectos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Importante también es reconocer la gestión de Sarah Hanna Georges, asesora venezolana del gobierno y figura clave en la delegación de El Salvador en las reuniones con el FMI.
Esta concesión abre la puerta para que El Salvador como país pueda volver a ser sujeto de crédito de la banca privada de inversión.
La mejor noticia de todas es que el compromiso implicará una fiscalización de primer nivel de los desembolsos que haga el FMI, que es obvio que verificará los mecanismos de cumplimiento y la correcta utilización de los fondos, así como la carga sobre los organismos financieros locales, que es uno de los compromisos para que la banca local tenga más recursos para los desarrollos empresariales locales.
Sin embargo, el principal reto que enfrenta este nuevo entendimiento es que el Gobierno no asume ningún compromiso con la transparencia y, lejos de ello, incluso después del acuerdo técnico con el FMI, ha ido a peor: a todo el torrente de declaraciones oficiales de "reserva" para negar información a la ciudadanía en las diferentes instituciones se suma la aprobación de una reforma penal para castigar con cárcel de entre seis hasta nueve años a los funcionarios o empleados públicos que den información no oficial a particulares, es decir, criminaliza el dar información. Esto decididamente no le hace bien al país.
Estos recursos tienen que llegar a convertirse en obras de beneficio de la población y es importante que se garantice que así será, con mecanismos independientes y que a su vez rindan cuentas del manejo que se hace de aquéllos.
La pésima noticia es que a un gobierno comprometido con prácticas antidemocráticas y oscuro manejo de la cosa pública se le premia con miles de millones de dólares. Más liquidez, a más oscuridad. No vamos entrar en este espacio en una acusación de corrupción, aunque hay muchos elementos para elaborar, pero queremos establecer el principio de que tomando el ejemplo de que tuviéramos el gobierno más probo del planeta, los mecanismos de cierre de información van a ser aprovechados para que este gobierno u otro --si es que se puede cambiarlo en un plazo previsible-- tenga abierta la oportunidad para que cometa corrupción.
El Fondo tendría que haber exigido que se deroguen las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y otras que bloquean la transparencia, así como las innumerables declaraciones de "reserva" de información.
El FMI tiene que definir claramente y desembolsar contra cumplimiento de la transparencia con hechos concretos, no a partir de la buena fe. Otra exigencia debe ser que, en vista de la liquidez que se inyectará, así como los otros créditos que han ofrecido el Banco Mundial y el BID, el Gobierno ya no saque más dinero de los ahorros de pensiones de los trabajadores, sino que empiece a devolver el que ha tomado con intereses.
Falta de transparencia e impunidad
Así como se da este crédito es como premiar al niño malo del colegio con el carro del año.
No se trata de sólo condicionar la transparencia, sino también la probidad y la justicia. En nuestro suelo no tenemos un régimen constitucional ni funcionarios confiables ni jueces independientes y a diario se atropellan los derechos humanos. Como lo ha señalado nuestro Cardenal Gregorio Rosa Chávez, lo que priva es el miedo, miedo a que por una llamada anónima los capturen, miedo a sufrir alguna arbitrariedad, miedo a enfermarse ya que el sistema de salud apenas logra mantenerse.
No es buen negocio oxigenar a regímenes que promueven los abusos, la impunidad, la corrupción y el saqueo...