Los corruptos vinculados al régimen deben protegerse es en resumen la tesis de un funcionario judicial impuesto, mientras el Ministerio Público califica como difusión de “información confidencial” lo revelado por el grupo de fiscales y ex fiscales que llevaron a cabo investigaciones para poner al desnudo la corrupción del régimen en la operación “Catedral”.
Se entroniza de esa manera una forma de prevaricato al proteger a los allegados al poder por una parte, pero se procede contra otros no vinculados al oficialismo.
Pongamos un par de ejemplos: si un comerciante despide a un grupo de empleados sin indemnizarlos, el ministerio de Trabajo aplica sanciones, pero si es la Asamblea o una alcaldía oficialista, entonces no hay delito, nada indebido sucedió.
Las denuncias de compras amañadas a sobreprecio, de asignación de contratos a parentelas y amigatelas, traslado de presupuestos de Salud y Educación a CAPRES, los pactos con pandillas, nada de eso es indebido cuando se trate de la cherada, pero está sujeto a sanciones cuando son particulares los que transgreden la ley.
Herodoto cuenta lo que Cambises, rey persa, hizo al juez prevaricador, sin duda un castigo extremo que no sugerimos para estos jueces y fiscales que elogian y practican el prevaricato, como se dice del resonado caso del fiscal general de hace unos años que favorecía a los allegados y perseguía sin piedad a otros, a los que inclusive la policía les colocaba marihuana para procesarlos por drogas.
Funes, ahora prófugo en Nicaragua, alega que “no le han demostrado nada” del saqueo de los 351 millones de dólares que le atribuyen, pese al lavado del que se le acusa que hizo incurrir a su suegro y por lo cual lo tienen tirado en una prisión sin pasarlo a juicio, ni mencionado, desde luego, el Gran Hoyo de El Chaparral, donde “la montaña se movió” y la firma abandonó el proyecto con evidente dolo. Esa desgracia del Gran Hoyo de El Chaparral sigue pesando sobre la Nación, sus finanzas, sobre el precio de las tortillas hasta el sistema financiero.
Los vasos comunicantes de la economía de un país (asimismo vinculados a lo que sucede en el mundo) no perdonan la corrupción porque prefieren beneficiarse de lo positivo, de la riqueza que genera el trabajo y las iniciativas de la gente honesta.
Vale más lo que están destruyendo que lo que va a reemplazarlo
Los prevaricadores no mueven un dedo sino más bien se prestan para justificar los encarcelamiento exprés perpetrados por el régimen sin seguir los debidos procesos que la ley señala.
Finalizó el 2021 e inicia el 2022 con el ex-alcalde Muyshondt, los exministros Violeta Menjívar y Carlos Cáceres, la científica Erlinda Handal y otros en prisión sin poder recibir a sus familiares ni los medicamentos que necesitan, lo que no desvela ni al fiscal impuesto ni a los jueces nombrados a dedo.
Pero con la vara que miden serán medidos, dice el Evangelio de San Lucas, además de cargar por el resto de sus vidas y vergüenza de sus familias, el sello de la prevaricación...
El año terminó destruyendo construcciones en perfectas condiciones, a lo que se suma las amenazas a las mujeres periodistas que cubrían esa demolición, un ataque más al ejercicio del periodismo por el régimen.
Al inicio del 2022 la destrucción de buenas obras para ser reemplazadas por lo que no necesitamos como país sigue adelante, pues va a demolerse la Escuela Militar (que deberá reemplazarse), para construir lo que se dice será un nuevo estadio, un elefante blanco que congestionará aún más el tráfico sobre la Jerusalén y Ciudad Merliot...