Al fin el defensor del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, duro crítico del bukelismo y columnista de El Diario de Hoy, pudo recibir informes de que su cliente está detenido en recintos policiales pese a que su condición de salud es delicada.
Inicialmente, según explicó, se le negó información y técnicamente esto configuraba una desaparición forzada —un crimen de lesa humanidad—, pero horas después pudo saber de él, quien tiene padecimientos que requieren un tratamiento que no puede ser interrumpido.
La detención de Anaya, como la de su colega, Ruth López, dos semanas antes, recuerdan las épocas más negras de las dictaduras fascistas de la historia reciente del país.
Un líder sindical de la época siempre agradece a este Diario por haber publicado la foto de su captura, en 1978, porque de lo contrario, lo hubieran desaparecido, como era usual en la época.
Abogados veteranos recuerdan cuando en aquellos tiempos —que se creían superados—la Corte Suprema nombraba jueces ejecutores de Habeas Corpus para verificar el estado de presos políticos y eran recibidos con desprecio en los “cuerpos de seguridad” y cuarteles, solo para decirles que los reos no estaban allí, para mayor agonía de madres y familias.
Esa es la misma suerte que han corrido miles de salvadoreños detenidos en los gulags bajo el estado de excepción o estado de sitio. Cientos de madres y familiares se presentan a preguntar por sus hijos y la policía no da cuenta de ellos hasta mucho después.
Ha habido casos de detenidos que han muerto en prisión y los carceleros no informan y siguen recibiendo la ropa y las vituallas que les llevan los parientes a las víctimas. Según el Socorro Jurídico Humanitario, más de 410 detenidos bajo el estado de excepción han muerto en custodia penitenciaria.
El régimen ha tenido que reconocer que tuvo que liberar por falta de fundamento a ocho mil personas que fueron detenidas y tuvieron que pasar hasta varios meses en prisión injustamente, perdiendo sus trabajos, adquiriendo enfermedades y sufriendo vejámenes y torturas.
El bukelismo aplica a los detenidos el estado de excepción, aprobado por la Asamblea para encausar a pandilleros y que suspende sus derechos constitucionales y judiciales, como ver a un juez en no más de tres días después de la captura.
En el caso de la abogada Ruth López, no fue llevada a los tribunales hasta después de 17 días en prisión y un juez ordenó que permanezca así por seis meses mientras la procesa atribuyéndole el delito de “enriquecimiento ilícito” después que al parecer no les funcionó el de “peculado”.
En el caso del doctor Anaya se le ha imputado supuesto “lavado”, pero no sería extraño que lo acusaran de “conducción temeraria”, “no ir al culto los domingos”, “trabajar los sábados”, y hasta de “blasfemia” o cosa parecida solo por referirse al “ídolo”, con tal de mantenerlo preso a toda costa.
El mismo Anaya había denunciado que se estaban “fabricando tamales (casos)” para incriminarlo y que ya había enfrentado algunos en instancias administrativas, por lo cual se sentía “acosado” y con temor.
La misma captura, el sábado, fue violenta, pues los policías hasta lo encañonaron cuando llegaba en ropa holgada a la casa de un familiar en Santa Tecla.
Una burla más a la Constitución y los derechos humanos
Detener a una persona y no presentarla ante un juez en el menor plazo solo muestra una burla a la Constitución y los derechos que otorga a cada ciudadano, pero también una satisfacción enfermiza por causar daño y jugar con la sensibilidad de los afectados, como si no hubiéramos alcanzado la civilización.
Es retroceder al Medioevo u otras etapas oscuras de la historia, cuando las vidas de seres humanos dependían del capricho de monarcas absolutos o señores feudales.
Tanto ha descendido este país de gente noble, que ha sufrido guerras, violencia, corrupción, saqueo y ahora matonería, represión y muerte.
Esto no fue para lo que se firmaron los acuerdos de paz de 1992, sino para garantizar los derechos y la sana convivencia de los salvadoreños, para que no volvieran las masacres, los secuestros, las desapariciones forzadas, la imposición y el autoritarismo.
El mundo, la ONU, la comunidad internacional, las instituciones democráticas, que ayudaron decididamente en esa época a parar tales atrocidades y baño de sangre, deben ahora ayudar a parar esta caída y a recuperar la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador.