"Cada persona que está en la lista (Engel) merece estar en la lista”, declaró la Encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.
Es más, la diplomática explicó que definir a los corruptos y antidemocráticos allí señalados no fue una ocurrencia o improvisación. “Analizamos los nombres que podrían estar en la lista, pasamos meses revisando, averiguando, haciendo una investigación profunda; y si un nombre está, merece estar ahí”.
Esta fue la respuesta a un funcionario que reniega y despotrica contra ella por haberlo incluido en la lista junto a varios funcionarios del régimen y particulares.
La lista Engel expone una innegable realidad: la corrupción no solo afecta a los países que la sufren, sino además a la cooperación de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
Los corruptos piensan que serlo es una especie de “derecho humano”, seguir los bajos instintos que los mueven desde que contaminan el ambiente donde actúan, que es precisamente nuestro sufrido y saqueado país.
La lista Engel no es una interferencia en los asuntos internos de nuestro país, sino sonar una alarma, alertar urbi et orbi lo que acontece.
Pero eso no es suficiente, a juzgar por lo que sucede en nuestro suelo como por los trágicos sucesos en Afganistán, donde los talibanes, enloquecidos por una maligna superstición, quieren someter a la gente a cuchillo y latigazos, o la indiferencia de Maduro y su cohorte de narcos a listas de corruptos, regañitos, regañotes, cancelación de visas... y etcétera.
Lo que cada vez está más claro es que la política de una “fuerte diplomacia”, fortisisísima si se quiere, del presidente Biden no va a evitar el genocidio que están perpetrando los etíopes contra los habitantes de Tigray, al punto de bloquear la entrega de alimentos de donaciones internacionales para aliviar una hambruna de dimensiones espantosas. África es África, la droga es la droga...
La vida y la libertad no valen nada bajo las dictaduras del “mundo mundial”
Contra la corrupción se vienen manifestando masivamente desde el 15 de septiembre los salvadoreños, que despertaron a la realidad que pudre nuestro país y denuncian los desmanes, abusos y ruinosas medidas del régimen.
La respuesta es brutal: pese a que manifestarse, reunirse por cualquier causa que sea, oponer y denunciar son derechos esenciales reconocidos por nuestra Constitución, el régimen amenaza con apresar y encarcelar a quienes participen, acusándolos de violar una ley que él mismo ha decretado, de la noche a la mañana, sin seguir los procesos que señala la Constitución. Amenazan hasta con tres años de cárcel a quienes participen en una marcha, una pena completamente desproporcionada a la supuesta falta, a lo dispuesto por sí y ante sí por la dictadura, sin seguir los mínimos procesos a los que todo acusado tiene derecho.
Aunque por la presión popular y denuncias internacionales aleguen que no están prohibiendo más multitudinarias manifestaciones contra Bukele, lo cierto es que si no lo plasman en el decreto la policía seguirá teniendo mano libre para reprimir y encarcelar.
La actitud de los individuos vinculados al régimen, entre ellos los señalados en la lista Engel, es creerse por encima de la ley, casi literalmente tener licencia para abusar.
Una madre salvadoreña viene denunciando la violación de su hija menor de edad por un motorista ligado al oficialismo, pero su queja no avanza, nadie en la policía le hace caso pues los miembros de dicho cuerpo actúan para proteger al régimen, no a los ciudadanos.
A un pobre hombre que iba pasando por la escena de un accidente vial un matón uniformado le dio golpes en la espalda para que se alejara, además de insultarlo.
Día a día los desmanes se multiplican y crece la inseguridad general.