Es evidente que cuidar la salud de los pobladores es uno de los objetivos prioritarios de la gestión pública de toda nación, como asimismo ocuparse de la seguridad, de la educación, de servicios esenciales. Pero lograr tales propósitos en un país empobrecido como el nuestro es solo posible cuando se manejan con eficiencia los escasos recursos con que se cuenta, se pone en manos de las personas más capacitadas —en este caso en epidemiólogos, salubristas y profesionales expertos— dirigir el esfuerzo en la batalla contra la pandemia, medir resultados, corregir fallas.
Tómese, a guisa de ejemplo, el suministro de agua a la población. Por no haber puesto bajo el cuidado de gente capaz el cuidado del sistema, por semanas el agua que se recibía en el Gran San Salvador y colonias aledañas era turbia, contaminada. En muchos otros lugares ni siquiera tal clase de agua llegaba, siendo un país —como nunca nos cansaremos de repetir— que durante la estación lluviosa recibe enormes cantidades de agua del cielo.
El responsable del mal servicio se mantiene en su puesto…
Equipos complejos pueden manejarlos personas sin formación académica recibiendo el adecuado entrenamiento, pero muy distinto es estar al frente de un poder del Estado, que requiere conocimientos de muy alto nivel o recibir asesorías permanentes de grupos de larga trayectoria política y profesional.
Sólo hay que ver la lluvia de críticas que están recibiendo los asesores jurídicos de CAPRES por emitir decretos que violentan la Constitución y no ser capaces de decirle o contradecir a su jefe cuando legalmente no son posibles sus caprichos y se cometen atropellos.
Lo que está pasando en El Salvador ha sonado las alarmas en todo el mundo, como hemos venido informando: el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha exigido a Bukele que respete la legalidad, en tanto la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, ha condenado los actos inconstitucionales del gobierno, al igual que lo han hecho las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, el señor José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, y otras personalidades.
No se pueden admitir tan flagrantes violaciones a los ordenamientos constitucionales de una nación, como tampoco se puede tolerar que otros aventureros tomen ejemplo y crean que el asalto al poder puede realizarse sin mayores consecuencias para ellos, lo que es, mutatis mutandis, el caso de Ortega y la Murillo en Nicaragua.
Un reciente episodio en este drama fue el intento de un grupúsculo afín al gobierno de tomarse la sede del Colegio Médico, lo que se suma a las andanadas de insultos y descalificaciones de los troleros, que vienen a ser como tonton-macutes cibernéticos, los apaleadores de los que se servían los Duvalier de Haití para perseguir y hasta hacer desaparecer opositores.
O rescatamos el país de lo que sucede o caemos en un infierno de bajas pasiones
En las bodas judías se rompe una copa o vaso de cristal para simbolizar un hecho: no puede recomponerse una realidad familiar, por lo que los contrayentes deben hacer los esfuerzos a su alcance para que la unión perdure y sea hermosa y ejemplar.
¿Como podrá nuestro país recomponerse después de lo que ha venido sucediendo desde el pasado 9 de febrero?
Necesitaremos para ello el concurso de los mejores hijos de nuestra tierra, ayuda externa, cuidar de los más necesitados, tener mucha fe en Dios, no cejar en el empeño.
No hay otro camino. La alternativa es hundirnos en la selva a merced de víboras y hienas.