La bofetada a Jorge Beltrán, periodista e investigador de EL DIARIO DE HOY, es una bofetada a toda la gente de nuestro país, que queda expuesta a ser atropellada simplemente porque a un agente policial le dio la gana hacerlo.
Es de imaginar que el agresor de Beltrán, el subinspector Raúl Martínez Velásquez, no infunde respeto sino miedo en la comunidad donde vive, un miedo que puede o lastimar o usarse por su familia, pues no es buena recomendación para un vecindario contar entre sus miembros a un individuo violento que en cualquier instante puede salirse de sus casillas.
El mensaje que se ha dado a los ciudadanos es muy claro: los que en alguna forma incomoden al régimen están expuestos a sufrir agresiones, amenazas, burlas, detenciones... la lista no termina allí, como en el caso del editor de El Faro, Daniel Lizárraga, expulsado de El Salvador hacia su país, México, comprueba que con acusaciones inventadas cualquier persona en este suelo puede ser víctima de vejámenes.
A Lizárraga el régimen lo acusó de “no ser periodista” pese a la larga trayectoria suya en diarios y publicaciones de su país de origen, como de la misma manera al doctor Enrique Anaya le arman un proceso no solo para desconocer sus muy acentuadas credenciales como jurista experto constitucional, sino para anular su condición de abogado, un hecho que muestra a lo que el régimen puede llegar en sus actuaciones contra opositores.
Por si fuera poco, a otro periodista de El Faro, el estadounidense Roman Olivier Gressier, le niegan permiso de trabajo, en tanto que un magistrado de la Corte Suprema se siente con la impunidad de insultar al reportero Luis Muñoz, de Canal 33 de televisión.
Esto se ha visto desde que asumió el poder el régimen, pero quedó claramente demostrado el 9F, cuando una soldadesca se tomó la Asamblea Legislativa para forzar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares.
Lo que enfrenta la gente es “o estás conmigo o estás en mi contra”, y si estás en mi contra te conviertes en ciudadano de segunda al que se puede pisotear sin problema alguno.
Esta situación se sufrió durante la pandemia, cuando muchos salvadoreños fueron detenidos simplemente por andar en la calle, por capricho de un soldado o policía, porque a alguien vinculado al régimen le dio la gana hacerlo.
Las restricciones impuestas no fueron consultadas con epidemiólogos, personal experto en tratamiento de infectados de covid, o medidas racionales, sino siguiendo las ocurrencias del mandatario, lo que él disponía en el momento, o sus subalternos por sí y ante sí decidían.
El régimen sigue escalando en sus agresiones contra la libre expresión y demás derechos de salvadoreños
Esta casi anarquía en el manejo de lo relacionado con la pandemia causó múltiples problemas, que en lugar de controlar la propagación del mal empeoraron las cosas.
Entre muchos de los perjuicios causados destacan los siguientes:
—Un ingeniero falleció después de ser confinado en un hotel de Antiguo Cuscatlán bajo control militar y no se le permitiera acceder a las medicinas que tenía recetadas.
—Un joven fue baleado por policías tras negarse a darles 50 dólares para no ser enviado a un campo de concentración en San Julián, Sonsonate.
—Los antimotines fueron lanzados contra un grupo de recluidos en un campo de concentración durante la cuarentena.
—El director de la policía silenció e intimidó -privó de su derecho a expresarse- al alcalde de Nejapa cuando éste le pidió explicaciones al ministro de Gobernación sobre las labores de rescate de las víctimas de un aluvión.
La bofetada, parte de los desmanes que se vienen sufriendo, deja en claro que el Orden de Derecho no opera en El Salvador, que todos los ciudadanos están ante una única disyuntiva: o alinearse o quedar a merced de lo que venga. Cada día que pase los tribunales ajustarán sus resoluciones a los riesgos que un juez crea correr frente al régimen.