"Con la destitución de la Sala de lo Constitucional, los salvadoreños han quedado sin protección ante los abusos de poder”, advirtió con crudeza el abogado Francisco Díaz, candidato a magistrado por la Federación de Asociaciones de Abogados.
Se refiere a la destitución de los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional y el nombramiento de abogados afines al régimen el pasado 1 de mayo, el fatídico 1M. Esto último acabó con el último reducto que tenían los salvadoreños para lograr fallos justos frente a los atropellos y abusos que cometa el grupo en el poder, desde despidos injustificados y arbitrarios, negativas a pagar compromisos e indemnizaciones estatales hasta acosos, amenazas y detenciones ilegales, explicó el abogado.
En adelante, lo que le afecte al régimen ellos lo rechazarán “ad portas”, como está ocurriendo con las demandas contra la misma imposición de abogados en la Sala.
Y precisamente en el Día del Abogado no cesan las denuncias de que este miércoles en la madrugada la Asamblea terminó de consumar el 1M al nombrar en la Corte a otro grupo de abogados sin seguir los procedimientos que manda la Constitución.
De hecho, uno de ellos es tristemente recordado por llegar a decir a la Asamblea que “era correcto” que hubieran destituido a la Sala legítima, lo cual para sus colegas, como el constitucionalista Rodolfo González, sólo muestra carencia de instrucción notoria o capacidad profesional que exige la Carta Magna, porque un abogado honesto y preparado nunca secundaría esas posiciones.
Puede haber profesionales correctos y capaces entre los elegidos, pero los hechos, como no apegarse a la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, vician y desacreditan el nombramiento que, para profesionales como Díaz, pareciera hacerse en otro lado y la Asamblea sólo ratifica.
Esto equivale, además de violar la Constitución, a supeditar las decisiones a lo que convenga al gobierno y no a la sana y cumplida impartición de justicia.
Díaz ya veía venir esto, según relató a El Diario de Hoy, precisamente desde el momento en que a los diputados que lo entrevistaron la semana anterior pareció desagradarles que les hablara de independencia judicial e imparcialidad.
“Creo que no me van a elegir porque yo he mostrado ser un funcionario independiente, imparcial, que me he orientado siempre por la lectura y la comprensión de la Constitución, de la ley y la capacidad que tengo para interpretarla”, les dijo, ante lo cual guardaron un silencio sepulcral y cortaron de inmediato la reunión.
El artículo 186 de la Constitución es claro al dar los parámetros para la elección de magistrados y, sobre todo, decir que “la ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen”.
Finalmente la gente no tendrá ante quién recurrir para defender sus derechos
Los diputados no soportaron la lección de dignidad y profesionalismo que les dio Díaz, quien no duda en rechazar la imposición de abogados para sustituir a los cinco magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional, con el golpe del 1 de mayo anterior, ni el nombramiento de otro grupo en similares condiciones en la Corte.
Al mismo tiempo, advierte que el control que ejerce la presidencia de la República sobre el Poder Judicial terminará afectando a los mismos ciudadanos, que no tendrán ante quién recurrir para defender sus derechos frente a los abusos de autoridad.
“Ahora esa protección no existe y esto afectará la vida cotidiana de los ciudadanos... Seguramente tramitarán demandas de los despedidos y otros afectados, pero no les darán feliz término”, vaticinó el abogado.