Es muy válido buscar entendimientos pero sobre bases racionales y morales

Contrario a lo que expresan algunos diplomáticos y organismos extranjeros, en El Salvador no hay una “confrontación de poderes”, sino la agresión y usurpación de funciones, por segunda ocasión, por parte de la Presidencia contra la Asamblea Legislativa.
De igual manera, se llama al “diálogo” entre los poderes del Estado, lo cual es importante, pero en este caso y por los reiterados atropellos, más bien se debería instar al Ejecutivo a respetar la institucionalidad.
Se puede comprender que por tacto o discreción se usen estos términos, pero no que se les ponga en igualdad de condiciones cuando es uno, el Ejecutivo, el que ataca a los otros dos, porque ya comenzó a hacerlo contra la Sala de lo Constitucional y a sugerir que los magistrados podrían ser apresados. Estos son hechos que no se pueden ignorar y por eso la ONU le ha pedido al gobierno que respete la legalidad.
Es importante promover el diálogo entre grupos que no han logrado un entendimiento, pero siempre que las dos partes, o quienes participen en tal esfuerzo, lo hagan sobre un común terreno de principios que sean racionales, compaginen con nuestras leyes y acaten lo que constituye el Orden Democrático.
Hasta el momento el régimen salvadoreño ha desconocido libertades esenciales de la persona y derechos inalienables como el de la propiedad. Tampoco ha venido respetando las libertades de los salvadoreños, como cuando los confina indiscriminadamente y sin un criterio médico en campos de concentración.
No hay ninguna confrontación entre grupos obstinados, entre sectores sociales que deben entrar en razón, sino el rechazo de quienes han sido perseguidos por el régimen, propietarios de negocios arbitrariamente cerrados como ADOC, los restaurantes del grupo Salume, Diana y Bocadeli, de personas a quienes les decomisan sus vehículos para desmantelarlos en esa vergüenza policial que es Changallo.
Solo a individuos como el Secretario General de la OEA y a cómplices de la narcodictadura venezolana se les antoja que la solución al atropello de los venezolanos, reducidos por el chavismo a tener que buscar alimentos en basureros, se logre a través del “diálogo”, de un quita y daca entre las partes.
ANEP y su presidente, Javier Simán, como las gremiales que representa, han venido ofreciendo a Bukele, desde hace muchos meses, ir a CAPRES para diseñar formas de comunicación, proteger el empleo y en bienestar común, combatir la pandemia. Pero el régimen no solo rechaza la propuesta sino que ataca directamente al señor Simán y, a través de los troles oficialistas, a su entera familia, un grupo empresarial con un siglo de presencia en El Salvador y que genera decenas de miles de empleos, tanto directos como indirectos.
Ningún poder debe imponerse a derechos y libertades de las personas
ANEP es la cúpula de todas las gremiales del sector productivo, no “de los ricos” y, como tal, representa a miles de emprendedores y negocios y más de un millón de puestos de trabajo.
Las posiciones de ANEP, como de su presidente, don Javier Simán, un profesional con un doctorado, son dirigidas a proteger los intereses de esos productores, del personal que labora con ellos, de las cadenas asociadas a quienes suministran, apoyan esfuerzos, son el vínculo entre lo que aquí se fabrica y elabora con los mercados regionales y externos.
En tal sentido, no se puede hablar de “confrontación”, pues no se trata de un pequeño y obstinado grupo, frente a un régimen que José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, califica de autocrático, precisamente por no ser democrático sino de fuerza que llegó al extremo de tomarse la Asamblea con una soldadesca armada hasta los dientes.
La popularidad, que siempre es pasajera, como los caprichos de un electorado o una generación humana, nunca pueden abolir ni desconocer libertades y derechos esenciales de todo ser humano, como se consigna en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un documento que atesora nuestra civilización.