El caso del joven Henry Benavides, detenido por documentar en video la captura de su madre sin orden judicial, ilustra los abusos que día a día perpetran los policías a través del "régimen de torturación" vigente desde hace dos años, pese a la protesta internacional por el atropello que sufren miles de salvadoreños inocentes y la captura de la abogada Ruth López, de Cristosal, para muchos, la gota que va a rebalsar el vaso.
Benavides relató a El Diario de Hoy que un día se presentó a su casa, en San Miguel, una pareja policial preguntando por una mujer de quien ellos nunca habían oído ni obviamente conocido. Los moradores les dijeron que nadie vivía ahí con ese nombre y los agentes lo confirmaron viendo los documentos de identidad, pero insistieron en que esas personas estaban adentro.
La familia avisó al 911 para que enviaran a supervisar el procedimiento, porque llegaron más patrullas y camionetas particulares y al menos 20 rodearon la casa y amenazaron con llevarse a la madre del joven, quien comenzó a filmar y se comunicó con la organización humanitaria Socorro Jurídico Humanitario, que hizo la denuncia en línea.
Luego los policías le ordenaron que dejara de filmar y transmitir la operación, a lo que el joven les dijo que no era él quien lo había difundido.
Henry fue llevado a las bartolinas y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de "revelación indebida de datos o información de carácter personal" en perjuicio de un sargento destacado en la delegación de San Miguel, cuyo número institucional (ONI) pudo verse en el video.
El suboficial alegó que "dañaron su imagen publicando su nombre", pese a que la ley les obliga identificarse, por ser agentes públicos del Estado.
Posteriormente, el joven recibió libertad condicional y al término del proceso dos instancias judiciales establecieron que el nombre y ONI de los policías son de carácter público mientras realizan sus funciones y que el video solo reflejaba una denuncia sobre un procedimiento policial arbitrario.
Los jueces reconocieron el goce de la libertad de expresión para fomentar la transparencia del proceder de los policías y los militares.
El tribunal reconoció el derecho al internet establecido por Naciones Unidas, para el goce de la libertad de expresión y fomentar la transparencia y la rectitud de los policías y los militares. No obstante estas resoluciones, el joven fue objeto de seguimiento y de intentos de apoderarse de su teléfono, según relató.
Utilizan recursos públicos contra la misma ciudadanía
La Fiscalía ni siquiera tuvo que haber presentado una acusación porque estaba claro que no había un delito de un ciudadano, sino el abuso de agentes de seguridad, para lo cual utilizó recursos inútilmente en favor de quienes se sintieron descubiertos en sus tropelías.
Acompañar o intentar defender esta clase de procedimientos policiales es fomentar la impunidad y la violación de los derechos humanos, porque los funcionarios y subalternos que no se sienten fiscalizados se ven en la libertad de cometer toda clase de abusos, como el sargento que violó salvajemente a una niña en Mizata mientras lo cuidadaba la patrulla millitar que tenía a su cargo.
Más bien la Fiscalía debería de perseguir y acusar a los funcionarios y agentes del Estado que cometen estas tropelías.
Si un procedimiento era legítimo y correcto, ¿por qué el temor a que se documente? ¿O es que temen que en un futuro tendrán que dar cuentas de estas y otras tropelías por las cuales, según la Constitución, deberán responder personalmente y de nada les servirá alegar que "solo estaban cumpliendo órdenes"?
El gran mensaje se los dio Ruth Eleonora López al momento de su captura: "Tengan decencia... esto un día se va a acabar".