Los madrugones legislativos violan normas básicas de una democracia, una de las cuales es analizar en debate público las medidas que se buscan aprobar, más cuando se trata del uso del dinero de la gente, de lo que puede lastimar o coartar derechos y libertades esenciales.
Profesionales del Derecho han denunciado que las medidas que se vienen decretando o imponiendo para controlar la propagación del COVID-19 no han sido establecidas con base en criterios médicos calificados, sino al capricho del actual gobierno, que ordena confinamientos violatorios de libertades básicas en sitios mal preparados para cuidar personas que pueden estar sanas al lado de infectados.
El público ha venido siendo informado del desorden imperante en tales centros, considerados campos de concentración, donde la responsabilidad de vigilar y decidir sobre el cuidado y bienestar de las personas que son internadas por la fuerza, no recae en médicos o personal de salud, sino en soldados y policías de bajo rango.
Ya informamos de un militar, de muy pobre criterio, que impidió a los familiares de un paciente con graves dolencias entregarle medicamentos para superar una crisis renal, lo que le causó la muerte en medio de una muy dolorosa agonía, según denunció su esposa.
Las violaciones a la Constitución y a libertades y derechos fundamentales de las personas, contenidas en la nueva ley de cuarentena aprobada de madrugada, se resumen en una denuncia difundida por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador.
Para los abogados constitucionalistas que integran esta entidad, entre ellos exmagistrados y especialistas de derechos humanos, dicha legislación mantiene el mismo carácter sancionador e inconstitucional de los precedentes decretos ejecutivos emitidos desde el 11 de marzo.
¿Por qué? Porque la decisión de aplicar la cuarentena, según explica la entidad, no obedece a criterios de salud pública sino al propósito de castigar a personas que supuestamente incumplen sin justificación la orden de mantenerse en el resguardo domiciliar.
Lo más grave es que si la persona interceptada no presenta síntomas de ser portadora del COVID-19, aún así el personal médico del Ministerio de Salud podrá determinar su traslado a un centro de contención o cuarentena domiciliar.
Para los constitucionalistas, esto abre la puerta a la arbitrariedad de decidir sin criterios claros sobre la libertad de la persona y, sobre todo, a que se sigan produciendo las abusos, ahora con la “complicidad” de la Asamblea Legislativa.
El IIDC advierte que el espíritu sancionador del llamado decreto 639 es contrario al aislamiento sanitario que prevé la Constitución y también “al establecer que la cuarentena controlada puede durar hasta 15 días”, se exceden las 72 horas en que una persona puede estar detenida por la policía y los cinco días de arresto del arresto administrativo, establecidos en la Constitución.
La Sala ya advirtió que los que cometan abusos responden personalmente
Según el Instituto, formado por reconocidos abogados constitucionalistas salvadoreños como René Hernández Valiente, Rodolfo González y Enrique Anaya, entre otros, un problema adicional es que tal decreto legislativo declara “todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario”.
Esto ya ha sido aplicado en el municipio de La Libertad e implica la prohibición absoluta para ejercer los derechos constitucionales de libre tránsito, reunión y libertad personal. Y precisamente, señalan, se configura “la emisión fraudulenta de un régimen de excepción”.
Además, dicen los constitucionalistas, el decreto manda que toda persona que tenga conocimiento de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 está obligada a notificar por cualquier medio al Ministerio de Salud, “sin especificar en qué casos dicho aviso será atendido, lo cual deja abierta la puerta a notificaciones maliciosas de unos ciudadanos a otros, como sucede y ha sucedido en regímenes dictatoriales”, léase Cuba, Nicaragua o Venezuela.
Sin embargo, los abogados advierten que los funcionarios que incurran en detenciones ilegales y otros abusos se exponen personalmente a “responsabilidades civiles y penales” , como ya ha sido advertido por la Sala de lo Constitucional.