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Trabajadores denuncian a alcaldías, Asamblea y otras entidades por despedirlos sin indemnizarlos

“Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución” (Artículo 245 Cn.)

Por El Diario de Hoy |

Sin indemnizarlos como la ley obliga, la alcaldía de San Salvador está despidiendo a decenas de empleados municipales, una especie de “regalo envenenado” para que estas personas reciban el nuevo año sin dinero y sin trabajo, según han denunciado los afectados.

Eso mismo ocurrió a los empleados de la Asamblea Legislativa como en su momento denunciaron ellos mismos: los diputados oficialistas los echaron de sus puestos sin pagarles un centavo, lo que indica la falta de decencia de ellos, que en todo caso no deben olvidar la admonición bíblica de “con la misma vara...”.

La Constitución dice que “los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución” (artículo 245).

En su sentencia de junio de 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableció que “los funcionarios públicos que, como consecuencia de una actuación u omisión dolosa o culposa, hayan vulnerado derechos constitucionales deberán responder, con su patrimonio y de manera personal, de los daños materiales y/o morales ocasionados”.

Esto significa que los funcionarios que han violado la Constitución y las leyes laborales dejan abierta la puerta para que en un futuro —cuando hayan dejado el cargo— tengan que responder de su bolsa para resarcir a las víctimas de sus atropellos, una marca que llevarán en sus frentes...

En este sentido, la Sala determinó que los funcionarios tienen “constitucionalmente prohibido” separar de sus cargos a empleados sin cumplir con los requisitos que manda la ley, entre ellos el derecho de audiencia, el de defensa y el de estabilidad laboral, es decir, ser oído y vencido en juicio y con el debido proceso.

Echar a personas a la calle sin reconocerles un penique es lo que hemos visto durante los dos años del actual régimen, aun tratándose de personas que trabajaron diez, quince o hasta más tiempo y cuyas hojas de servicio son limpias.

Pero al atropello sigue el insulto, pues se afirma que los nombrados para reemplazarlos no tienen las cualificaciones para desempeñarse en esas labores, fuera de ser compinches de algún funcionario del régimen, o parte de las parentelas y las amigatelas de los mismos, como se denuncia todo el tiempo.

El nepotismo es la plaga de regímenes sin brújula moral, donde lo que vale es ser parte de los allegados.

La represión no garantiza una perdurable gobernabilidad

Denunciar los despidos sin indemnizar al personal es denunciar una grave violación a la ley, pues parte del salario de un trabajador se destina al pago de prestaciones como el Seguro Social, el Fondo Social para la Vivienda y su retiro, su pensión.

Si ese retiro no se paga significa que la entidad o negocio o quien haya contratado al trabajador se quedó con el dinero, se embolsó lo que no le pertenecía. Un particular que no indemniza a los que despide tiene que pagar una multa y además pagar lo que no canceló.

El funcionario que no indemniza, como decimos, se embolsa lo que no le corresponde, comete un robo pero se ampara en que por ser parte del “clan” no van a procesarlo... por ahora.

Lo único que queda a los atropellados, como son los despedidos de la Alcaldía de San Salvador, es denunciar la afrenta y hacer lo que cada familia pueda para recomponer sus vidas.

Al desbaratarse el Estado de Derecho, pasar todo el tiempo por encima de ordenamientos constitucionales, abusar de particulares, negocios, grupos sociales, un país queda a la deriva. Lo grave es que junto a los abusos y la propaganda el régimen echa más y más mano a la represión, a actos de fuerza, a hacer del miedo, del terror, una arma contra sus connacionales, contra la gente de esta tierra.

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