Precisamente en el momento en que van a reducirse los ingresos normales del Seguro Social, el Gobierno “toma prestados” veinticinco millones de dólares de las reservas de la institución, dineros que formalmente maneja la entidad pero que son propiedad de los cotizantes, pues se deducen de sus salarios.
El Seguro Social no es una entidad pública, de todos, sino que pertenece a sus cotizantes, a los que mes a mes están obligados a contribuir.
No hay, en tal sentido, una cuota del trabajador y una patronal; lo que se deposita es siempre “patronal” y siempre “laboral”, pues sale del salario, que es parte del costo de producción de bienes y servicios.
Tomar dineros que están en alguna institución y creerse con el derecho de hacerlo daña a quienes voluntaria o involuntariamente han aportado para formar esos patrimonios, siguen siendo un patrimonio puesto a su servicio.
No extraña, en este contexto, que un diputado oficialista de GANA haya dicho que era necesario echar mano de los fondos de pensiones y que tal ocurrencia la haya atribuido “a la empresa privada”, lo que de inmediato fue desmentido por el presidente de ANEP.
Un nuevo saqueo a los ahorros de los trabajadores los habría condenado literalmente a morirse de hambre al retirarse o sufrir una incapacidad, pues el robo de la mitad de los fondos de pensiones, sobre todo en los diez años de efemelenismo, dejó el sistema previsional en harapos.
Lo entonces perpetrado por los dicen llamarse “socialistas del Siglo XXI” equivale a la brutal agresión de un policía a un joven discapacitado: los indefensos no les merecen ningún respeto a esa clase de individuos, a lo que se agrega que el caso judicial contra el agresor, que debió haber sido resuelto de inmediato destituyéndolo de la corporación y ordenando cárcel, fue cerrado con candado al decretar “reserva total”, hecho que debe abrir los ojos de la gente.
Se debe vigilar el uso de cada centavo entregado al Ejecutivo, nada de dedazos
Emergencias son emergencias y, en el caso del coronavirus, la humanidad se enfrenta a una pandemia que, por suerte para todos, tiene baja mortalidad, muchísimo menos que la peste bubónica de inicios del siglo XIV, un horror magistralmente descrito por Giovanni Bocaccio en su obra maestra Decameron, plaga que mató a un tercio de la población europea.
El coronavirus es menos mortal que la llamada gripe española de 1918, que le costó la vida a millones de personas en el mundo.
Pero los relatos del sufrimiento de las víctimas del coronavirus en Italia y España, entre ellas muchos médicos y enfermeras, héroes, sacuden el alma, pues las víctimas literalmente mueren por asfixia.
El uso que el gobierno dará a los veinticinco millones es confuso, pues mientras por un lado declara que es para la compra de camas, por el otro ha anunciado que más de mil camas se adquirieron para equipar el hospital que va a montarse en la Feria Internacional, a lo que se suma la declaración de que al final de la emergencia los equipos serán entregados al Seguro, pese a que dicha institución ya tiene todas las camas que necesita.
Toda la confusión del destino de esos dineros, como el uso que se dará a los dos mil millones, comprueban la necesidad de vigilar el uso de los fondos por el Ejecutivo, incluyendo una estricta aplicación de la ley LACAP.