En 1938 el dictador Maximiliano Hernández Martínez ordenó cambiar la Constitución para poder reelegirse por otros cinco años, una Carta Magna que, con algunas pequeñas variantes, era la misma de 1886, la promulgada por el presidente Francisco Menéndez.
Esta Constitución era, con sus variantes, la misma Carta Magna promulgada muy poco tiempo después de consolidarse la Independencia de Centro-América, un cuerpo de leyes fundamentales que abolió la esclavitud y garantizaba derechos esenciales de la persona, entre ellos, la libertad de expresión, la no censura y la protección a los periódicos de tasas e impuestos, lo que se mantuvo hasta el anterior gobierno.
En estos momentos y para desviar la atención de los salvadoreños del denunciado pacto del régimen de Bukele con las pandillas, para lo cual hubo condiciones favorables en las cárceles a esos grupos criminales, vuelve a reactivarse el tema de una “reforma constitucional”, lo que se ha encargado al opaco vicepresidente Félix Ulloa.
Para promover tal reforma se cacarea el objetivo de lograr una nueva ley fundamental como “moderna”, reforma que iría de artículo en artículo para eliminar toda restricción, impedimento, control a la presente trolecracia —o como la describe nuestro articulista Paolo Lüers—, la agencia de publicidad que desgobierna a El Salvador.
Nadie “en sus cabales” ignora el propósito de una “constitución” de tal naturaleza: perpetuar el saqueo de bienes públicos, cambiar y apresar a los miembros de la Sala de lo Constitucional y, al ser dictador y como lo ha venido diciendo el señor desgobernante, fusilarlos conjuntamente con toda persona o grupo que cuestione su divinidad, o al menos hundirlos en cárceles, como lo hace el déspota de Bielorrusia, Lukashenko, y es la práctica en Rusia.
Pero hablar de reformar la Constitución, promover tal hecho en esas condiciones, es inconstitucional, como lo declaró hace muy poco el abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte Suprema, Dr. René Hernández Valiente, pues sería, decimos nosotros, tocar con manos puercas el fundamento que sostiene nuestras libertades y nos protege de atropellos, cuida nuestras vidas.
La grave consecuencia de un desgobierno es el empobrecimiento general
Cacarear de que “debe reformarse la Constitución” equivale a promover el desorden cívico, la anarquía, motines…, precisamente lo que viene haciendo desde que asumió el poder el actual desgobernante con su siembra de odio y de discordia.
La permanente embestida del desgobernante contra personas, grupos, publicaciones o actos que contraríen lo que el dispone, hacen o llevan a cabo los miembros de su argolla como lo referente a compras entre ellos mismos y a sobreprecio, o indagatorias sobre las alegres cuentas de sus gastos, ha desprestigiado a nuestro país internacionalmente, al punto que 12 congresistas de Estados Unidos le han advertido que sus actos contra la libertad de expresión son inadmisibles, que ponen en grave riesgo las relaciones entre nuestros dos países.
Los Estados Unidos condenan la corrupción y la mentira al igual que condenan regímenes de fuerza, pues el resultado es siempre el grave empobrecimiento de un pueblo, como está sucediendo.