El balance de víctimas del terremoto de Birmania o Myanmar del 28 de marzo es 3,471 muertos y 4,508 heridos, con 220 personas desaparecidas, según nuevas cifras publicadas por los medios estatales.
El sismo tuvo una magnitud de 7.7 grados, la misma magnitud que la del que azotó a El Salvador el 13 de enero de 2001 y dejó 1,259 muertos, sobre todo en la colonia Las Colinas en Santa Tecla y en el interior del país, según los registros oficiales de la época.
Muchos birmanos siguen sin refugio, obligados a dormir a la intemperie porque sus casas quedaron destruidas o porque temen nuevos derrumbes. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indica que hay unos 17 millones de personas afectadas, incluidos 9 millones especialmente damnificados cerca del epicentro, en 57 municipalidades de este país asiático golpeado por la Segunda Guerra Mundial y que se independizó de Gran Bretaña en 1948.
En cuanto al patrimonio cultural, el sismo afectó 1,690 pagodas, 1,041 escuelas, 921 monasterios y conventos, 312 edificios religiosos, además de hospitales y clínicas y decenas de hectáreas de cultivos.
Frescas están aún en la mente de la comunidad internacional las escenas de un rascacielos en construcción derrumbándose como si una fuerza invisible lo aplastara como a un pastel.
Esto recuerda el terremoto de 7.8 en Turquía del 6 de febrero de 2023, que dejó al descubierto la corrupción estatal que permitió la construcción de edificios sin mayor supervisión. Por esta causa, 50,000 personas perecieron bajo los escombros, la mayoría en los 80,000 edificios, que cayeron y que posteriormente se estableció que no cumplían las normas antisísmicas, pese a lo cual el dictador Erdogan pudo mantenerse en el poder a costa de represión y persecución, al punto que ha enfrentado multitudinarias protestas en los últimos días por mandar a capturar a un opositor político.
La tragedia podría haber sido menor si se hubieran cumplido las normas de seguridad en la construcción y se hubieran utilizado los materiales adecuados, además de cumplir una normativa adoptada en 2007, pero el régimen concedió amnistías a constructores en 2018 que abonaron a la catástrofe.
Estos desastres recuerdan el sismo del 10 de octubre de 1986 en El Salvador, que dejó aún más evidente la corrupción del gobierno democristiano de la época en medio de la guerra y cuyos figurones fueron acusados de ineptitud para responder a las víctimas y embolsarse la ayuda. Por muchas horas los encargados fueron incapaces de salir a remover escombros y tuvo que ser la población con herramientas improvisadas y hasta las uñas la que rescató a víctimas de edificios derruidos como el Darío, en la calle del mismo nombre. El colmó fue que el encargado de obras estatales llegó a decir que necesitaba una millonada para proceder a remover escombros.
No hay impunidad que dure cien años
Pero el movimiento telúrico no sólo golpeó la infraestructura de Birmania, sino también los cimientos del hermético régimen militar, que no ha permitido que la democracia florezca en las últimas décadas.
A diferencia de otras calamidades, los militares en el poder encabezados por el general Min Aung Hlaing se han visto obligados en esta ocasión a pedir ayuda a la comunidad internacional. Son los mismos que con toda impunidad derrocaron en 2021 al presidente Win Myint y lo detuvieron junto a la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y los ministros y sus diputados y miembros del Parlamento.
El jefe del régimen ha tenido que buscar ayuda de la India y Naciones Unidas, aunque ha mantenido el bombardeo contra la guerrilla que opera en el país.
Cada vez es más estrecho el margen para estos actores antidemocráticos, que se muestran cada vez más débiles y tendrán que enfentar muy probablemente un terremoto ciudadano.