Robar las pensiones es el equivalente a robar bienes ajenos, a apropiarse de fincas, casas, automóviles, patentes, negocios o lo que la gente tiene en sus cuentas de ahorro en el banco para asegurar su vejez.
Hay ya un antecedente: el robo de la sede de un partido político y de los automóviles y otros bienes que había allí. Llegó un enorme contingente de la soldadesca del régimen a acarrear con todo, un atropello a lo que la Constitución consagra: el derecho a la propiedad.
Es un milagro que la soldadesca no haya caído cuando estaban en reunión los dirigentes y les robaran la ropa, los relojes y las billeteras, como hicieron los que cayeron encima de las propiedades cuando la reforma agraria de Duarte, que impidieron que los legítimos dueños sacaran sus cosas personales de las tierras usurpadas.
La razón es clara: los ahorros de los trabajadores para sus pensiones no son un bien estatal como lo era el viejo INPEP hasta la reforma impulsada por la doctora Francia Breve, que asumió la dirección de la entidad, se dio cuenta de que iba a la bancarrota a merced de un voraz sindicato que pretendía más y más beneficios a costillas de la entidad, e impulsó la creación de las AFP siguiendo el exitoso modelo chileno ideado por José Piñera, hermano del actual presidente de Chile.
Las AFP administran cuentas individuales, los ahorros que para su jubilación acumulan empresas y trabajadores con una porción de sus salarios, pues tanto la cuota del trabajador como la cuota patronal son costos laborales, al igual que lo destinado a la vivienda.
Por tanto, la cuenta a nombre de Juan es distinta, mayor o menor, que la cuenta de José, dependiendo del salario de cada quién, o si se trata de comerciantes y trabajadores que voluntariamente se adhieren al sistema formando su propio patrimonio.
Juan puede haber acumulado $30,000, José, $20,000 y un comerciante independiente, $50,000, sumas dispares, no montos homogéneos como si todos ellos ganaran exactamente lo mismo. Estos montos son para entregarlos divididos en cuotas mensuales una vez ellos dejen de trabajar por vejez, por incapacidad o invalidez permanente.
En consecuencia, robar los fondos de pensiones equivale a echarse en la bolsa los $30,000 de Juan, los $20,000 de José y los $50,000 del emprendedor independiente, de la misma manera como si el régimen dispone robar viviendas para luego venderlas: cada una tiene un valor distinto, que puede ir desde los $50,000 dólares (no confundan, estimados lectores, dólares, no el invento del colón/ dólar, moneda basura que se presta para lavado) hasta dos o más millones.
En cualquier momento se les puede antojar robar todos los móviles de los santanecos
Robo de lo ajeno, por más vueltas que se le quiera dar, es robo de lo ajeno, un delito que se prohíbe en Los Diez Mandamientos de la fe cristiana, la fe de la inmensa mayoría de salvadoreños.
El primer asalto a las pensiones lo perpetró Saca y lo siguieron ejecutando los sucesivos gobiernos. Ahora está el régimen maquinando el segundo asalto a lo acumulado por ahorrantes individuales, lo que equivale exactamente a que en un momento se les antoje robar todas las viviendas de Zacatecoluca o Ciudad Barrios para repartir entre sus secuaces.
En Zacatecoluca como en Ciudad Barrios o donde sea, cada vivienda tiene su precio, no es que todas valgan lo mismo, como asimismo cada centavo de las AFP tiene su dueño, el dueño de la cuenta individual.
El atarrayazo que pretende el régimen con las pensiones equivale a robar viviendas ajenas o los relojes de toda Santa Ana.