El 15 de octubre de 1979 es una fecha nefasta para los salvadoreños: un grupo de militares tomó el poder para gobernar por decreto y dio paso a los acontecimientos que nos llevaron a una guerra con más de 70,000 muertos.
Por este acontecimiento y los que siguieron, como la reforma agraria y bancaria, El Salvador retrocedió más de 40 años en su desarrollo, mucha de su infraestructura fue destruida, se paralizaron las inversiones en campos como la generación eléctrica, se forzó la salida del país de casi tres millones de personas —entre ellas la mayor parte de mano de obra calificada, artesanos y profesionales—, se generaron odios permanentes, se aniquiló la agricultura y se frenó el progreso de muchas comunidades del interior. Para 1981, la mitad de los salvadoreños económicamente activos había perdido su empleo; en adición, en esas fechas el sistema financiero estaba en bancarrota.
En su proclama —llena de buenas intenciones, como bien intencionados fueron muchos intelectuales y otras personas que les apoyaron al inicio—, los golpistas alegaron que su movimiento erradicaría la corrupción en el Estado y en la administración de justicia, pero sobrevino una anarquía sin precedentes, una impunidad generalizada y una espantosa corrupción.
El crimen organizado, la violencia y la intolerancia en las calles, las maras, la industria de los secuestros y las extorsiones, el colapso del centro urbano, la suciedad imperante, el caos del transporte público y el endeudamiento nacional son algunas de las nefastas consecuencias de la aventura golpista y la cruenta guerra que sobrevino.
A la fecha no se recupera la confianza y no se logra levantar la economía agraria, ya que ha privado una permanente parálisis cívica, la imposibilidad de definir, con sensatez y patriotismo, mejores rumbos para el país.
Los daños morales son lo peor
En 1981, justo el 15 de octubre, la guerrilla voló el Puente de Oro, una de las más bellas y majestuosas obras de ingeniería civil de la región, dejándolo como símbolo de la destrucción y la sinrazón que privaban entonces.
La voladura del Puente de Oro y luego la del Puente Cuscatlán es la otra cara de ese infernal periodo. La guerrilla se valió de técnicos en explosivos de la ETA para destruir ambos puentes; su idea era cortar el país en dos, apoderarse de la zona oriental y conseguir el reconocimiento de la “comunidad de naciones democráticas” como beligerante legítimo.
Ambas estructuras fueron construidas por la firma John Roebling, que también construyó el Golden Gate de San Francisco, el puente de Brooklyn y el George Washington, que, cruzando el río Hudson, une a Nueva York con Nueva Jersey. No cuesta imaginar lo que sería para El Salvador contar con dos atractivos turísticos de esa envergadura, los ingresos que derivaríamos de tenerlos y usarlos. Los puentes se levantaban a una altura tal sobre el río Lempa que ninguna crecida, ningún huracán sería capaz de detener el tráfico sobre ellos.
Pero el país se recompuso desde el primer momento, se mantuvo unida a la Nación y se sobrepuso a la destrucción.
Los golpistas y la guerra no aportaron nada, no edificaron; en vez de agregar al progreso, nos empobrecieron tremendamente, no sólo en lo material, sino, peor todavía, en lo moral y cultural