La nominación del ahora juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, vuelve a poner en el tapete en Estados Unidos el debate sobre la real motivación de las denuncias de abusos sexuales cometidos supuestamente muchos años después.
El presidente Trump ya dio su opinión: le preocupa más el futuro de sus nietos que de sus nietas, dada la histeria desatada con su nominado, quien fue acusado por una mujer de agredirla sexualmente tres décadas antes, cuando ambos tenían 16 años.
En medio del escándalo, Kavanaugh llegó a ser blanco de descalificaciones de algunos excondiscípulos, lo que otros consideraron como “envidia” u “oportunismo”, pero hasta allí.
El FBI hizo una investigación rápida y no encontró nada que corroborara las acusaciones, según revelaron los republicanos. Al final prevaleció el principio de “presunción de inocencia” y Kavanaugh fue confirmado juez de la Corte Suprema, contra viento y marea de los demócratas que lo querían fuera.
Aunque este fue un juicio político e independientemente de lo que pasó, lo que queda en discusión es la motivación de denuncias como esta, si puede ser por venganza o chantajes o despecho o una legítima búsqueda de la justicia.
Esto hace recordar el incidente relatado por Cervantes cuando Sancho era el señor de su Ínsula: la mujer que acusó a un hombre de haberla violado se defendió con furia cuando Sancho pidió al supuesto violador que le quitara un dinero que llevaba encima.
Tampoco hay que perder de vista que muchas víctimas no pueden hablar en el momento por miedo. Niñas violadas no pueden denunciar a sus violadores cuando estos son parte del entorno, como otros casos que salen a luz años más tarde, como el caso de Shirley Temple, la muchachita estrella de cine abusada por un productor.
Pero las dudas siempre rodearán a una persona adulta, del sexo que sea, que no denuncie de inmediato que ha sido víctima de violación u otros abusos sexuales, sobre todo porque entre más tiempo pase, menos evidencia o testimonios se podrán rescatar.
La justicia y las ciencias forenses tendrán la última palabra, pues enfrentan un reto para no condenar a inocentes ni absolver a culpables.
En El Salvador no importa si eligen magistrados de la Corte Suprema
A diferencia de la justicia de los Estados Unidos, donde escudriñan y se cercioran de las capacidades de sus candidatos a funcionarios, aquí seguimos viendo a los políticos intentando colocar a sus agentes en la Corte Suprema, aunque sean los peor calificados.
El partido oficial FMLN y sus aliados de GANA mantienen, de esa manera, entrampada la elección de cinco magistrados y sus suplentes porque, como se ha denunciado, no quieren jueces independientes, personas limpias que aplicarán justicia sin caer en prevaricato, sino individuos que les seguirán el juego. No quieren tener obstáculos para despilfarrar los dineros de la población ni que les frenen leyes que les permitan exprimir más los bolsillos de la gente.
La piedra en el zapato para estos políticos es la Constitución misma, que manda nombrar a personas independientes, así como las sentencias de la Sala de lo Constitucional que confirman este precepto y prohíben el nombramiento de miembros o personas vinculadas a los partidos políticos.
Por eso han retrasado la elección por casi tres meses ya.