Todo ciudadanos tiene derecho, de acuerdo con la Constitución, a ser juzgado con apego a la ley por jueces imparciales, lo que se extiende desde los jueces de paz hasta el más alto tribunal de la República, la Corte Suprema de Justicia.
Lo anterior se extiende a los funcionarios que ejercen la justicia en materia electoral o de cuentas o de hacienda, según sea el caso y de acuerdo con las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Por esa inequívoca causa, personas ligadas a partidos u organizaciones políticas no pueden ejercer ni como jueces ni como magistrados, pues sus decisiones estarán influenciadas por el amiguismo, los dictados partidistas o la maldad.
Lo más grave sería que la Sala de lo Constitucional, la máxima instancia que protege los derechos de los salvadoreños, cayera en manos de miembros de un partido de gobierno y sobre todo de fanáticos que traten de chantajear al país entero, como sucede en Nicaragua, donde se denuncia que los fallos del más alto tribunal son consultados y a complacencia del régimen del dictador Ortega.
No está en discusión el derecho de un abogado a aspirar a ser magistrado de la Corte o a litigar, representar clientes, ser apoderado de una compañía y lo que por lo general atañe al ejercicio de la profesión. Pero que un militante de un partido funja como juez es como si se pusiera a un zorro a cuidar gallinitas.
La misma reflexión deben hacerse los diputados al nombrar al Fiscal General, para que el que elijan no trate a unos con guantes de seda y a otros con el rigor imaginable por dictados de un partido.
Estas son consideraciones que debe tomar la nueva Legislatura al momento de elegir a cuatro magistrados que integrarán la nueva Sala de lo Constitucional, así como las denuncias de los desesperados intentos del oficialismo de colocar a figuras ligadas a él en esa instancia.
El mundo observa cómo
se imparte justicia aquí
Cuando la impartición de justicia queda en poder de activistas políticos, el problema no queda encapsulado dentro de El Salvador, sino que afecta la imagen y la valía de El Salvador regional e internacionalmente. Los países con quienes comerciamos, intercambiamos bienes, etcétera, van a vernos como apestados, como los leprosos bíblicos que eran aislados por el resto de la gente.
Con dificultad van a lograrse inversiones para un país donde los tribunales pueden fallar en contra de un litigante no por lo que haya hecho, sino por lo que convenga a los que detentan el poder. Y que esto lo demuestra la forma como el régimen de Funes armó el conflicto con ENEL pasando por encima de normas de validez internacional y de lo pactado en los contratos para quedarse con los activos. Son riesgos que no entran formalmente en los récords de las calificadoras, pero que están entre telones como los fantasmas de casas embrujadas.
Los jueces prevaricadores —pues eso son los individuos que anteponen los intereses de su grupo sobre los de un demandante— dejan en indefensión a la gente honesta.
La ciudadanía reclama por casos como el del joven Daniel Alemán, al que se ha denunciado que mantienen en prisión para que no queden en ridículo las autoridades que lo capturaron.
Lo que vale es el escándalo, no si alguien es o no es inocente.