Hace dos semanas, el Presidente Bukele anunció, de que antes que se cumplan cien días de su gobierno, hará el lanzamiento de la CICIES, su principal promesa de campaña. El tema ha vuelto a dominar la agenda nacional, a pesar de que lo poco que se conoce, son reuniones que el Vicepresidente Félix Ulloa ha sostenido con representantes de la OEA y la ONU, y un par de videos subidos en redes sociales, en los que él, sostiene que: “la CICIES iniciará los procesos penales para perseguir todo acto de corrupción”. “Será una instancia para hacer cumplir la ley”, por ello ni corruptos ni corruptores se quedarán con lo robado…
Esta semana, Bukele aseguró que la CICIES no solo se lanza, sino que empieza a funcionar antes de los 100 días. Es más, según dijo, no requerirá del aval de la Asamblea legislativa, con lo cual se modificaría el diseño inicial propuesto en el Plan Cuscatlán, usado como plataforma de la campaña electoral, Entonces, los temores de una pantomima de Comisión Internacional contra la Corrupción, dependiente del Ejecutivo, toman más fuerza. Parece que estamos frente a un Comisionado Presidencial contra la Corrupción, simplemente asesorado por un grupo consultor internacional. Nada que requiera una reforma o aprobación legislativa.
Es indudable que la idea de invocar la ayuda internacional para que venga a destapar la cloaca de corrupción que sigue casi intacta, y que ha hecho de El Salvador un país empobrecido, es popular. El 91 % de la población lo apoya, y eso, al Presidente le favorece. Sin embargo, no debemos olvidar que ha sido falta de voluntad y una permanente cultura de ilegalidad y oportunismo político, a todo nivel de poder, incluyendo la desidia y tolerancia ciudadana, lo que nos ha llevado a creer que no podemos resolver solos nuestros problemas de impunidad. Hicimos la guerra y construimos la paz, sin embargo, omitimos fortalecer las instituciones, prefiriendo hacer del poder un pastel de reparto. Hemos sido incapaces de cumplir y exigir que se cumpla la ley.
Opinar sobre un proyecto ambiguo del que poco se conoce, es difícil, pero las señales ya mencionadas arriba, contrastan seriamente con lo que el Plan Cuscatlán, en el capítulo Transparencia y Anticorrupción, pretendía para la CICIES, como un ente supranacional, apoyado por la ONU y la OEA, que participe del destape y combate a la corrupción, como querellante adhesivo, es decir, como acusador particular que coadyuva activamente con la Fiscalía en la investigación y persecución penal de los delitos investigados.
Al menos, Félix Ulloa, que es abogado, sabe que la CICIES no puede “iniciar los procesos penales”, como mencionó, pues no puede instalarse en el país, una Comisión Internacional que esté por encima de las facultades de la Fiscalía, que por mandato constitucional tiene la potestad exclusiva de dirigir la investigación de los delitos, y posee el monopolio del “inicio” y ejercicio de la acción penal pública.
En ese sentido, aun y con la supuesta calidad de querellante adhesivo que se pretendiera dar a la CICIES según el Plan Cuscatlán, ello requiere reformar el Código Procesal Penal, lo que obliga a visitar la Asamblea Legislativa, pues solo se permite querellar a la víctima por medio de abogado, y a ciudadanos y asociaciones locales legalmente constituidas, contra delitos oficiales y comunes cometidos por funcionarios, que afecten los derechos humanos e intereses de la colectividad. El mensaje gubernamental, entonces, es ambiguo y contradictorio.
Instalar la CICIES requiere, primero, definir su diseño legal, elegir el organismo internacional respaldante, negociar el convenio, lo que implica definir competencias, alcances, plazos, recursos, etcétera, para luego, una vez aprobado el convenio entre el Ejecutivo y la ONU o la OEA, presentarlo a la aprobación de la Asamblea Legislativa. No estamos hablando de unas semanas. El proceso puede demorar fácilmente de 1 a 2 años antes de que inicie operaciones. Lo anterior, si en realidad fuera un proyecto serio, y no una simple promesa populista.
Falta mucho por saber, mientras tanto, llama la atención, cómo el anuncio de lanzamiento de la CICIES, lo hizo el presidente, cuando precisamente se estaba cuestionando que él, ni su vicepresidente, ni casi todo el gabinete, han presentado su declaración patrimonial de Probidad, habiendo expirado el plazo legal. Y llama la atención que se pretenda lanzar en pocos días, una CICIES, sin que a la fecha, el mismo Fiscal General haya sido siquiera consultado. A buen entendedor, pocas palabras…
Abogado