A todos los salvadoreños nos hirvió la sangre —a punto de moronga, según el dicho popular— cuando el Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, al admitir que hay nepotismo en todos los partidos y clientelismo para favorecer a la cherada, dijo que los familiares y amigos de los diputados no pueden ser despedidos porque al ser contratados adquirieron derechos laborales que no se pueden violentar, aunque la mayoría no tiene la idoneidad para desempeñar el cargo ni merece el astronómico sueldo que recibe.
Olvida que todo derecho trae consigo un deber y que estos señores no cumplen con los deberes que exige su cargo. Si un empresario tiene pleno derecho a despedir a un empleado incompetente, ¿por qué el Estado debe seguir manteniendo a semejantes lacras?
Reconoce que en el Departamento de Comunicaciones hay 300 empleados, cuando solo serían necesarios 50. Y el excelente reportaje de El Diario de Hoy confirma que en todos los partidos políticos se despilfarran descaradamente los bienes del Estado, que son nuestros impuestos. Casos indignantes que exigen una explicación de cada uno de los partidos responsables, como profesionales en Derecho, medicina y odontología, que cobran sueldo en la Asamblea mientras ejercen su profesión en diferentes cabeceras departamentales.
Igualmente repudiable que los partidos contraten a militantes para trabajar en sus sedes como asesores y asistentes administrativos, cobrando sueldo en la Asamblea Legislativa. Indigna que nuestros impuestos están apoyando a partidos políticos cuya ideología rechazamos y quisiéramos que desaparecieran, por el daño que han causado al país durante sus administraciones y al finalizarla. Todos los partidos: ninguno se salva.
Los diputados consideran que siempre ha sido así y Ponce asegura que esto es solo la punta del iceberg, porque nepotismo y corrupción existen en todos los poderes del Estado, por lo que se debe felicitar la iniciativa de Aída Betancourt y Héctor Silva, dirigentes de Nuestro Tiempo, por presentar una demanda contra el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, por haber infringido el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad…”.
Más claro, el agua. Todas las contrataciones de parientes han infringido la Ley y, por lo tanto, no vale el derecho adquirido, especialmente si no trabajan en la Asamblea, y son los partidos políticos quienes debían pagar los salarios de sus incompetentes empleados. Personas que trabajan para el COENA, ex diputados del FMLN ausentes del país, como Lorena Peña, o como la marchista del PCN, Cristina López (que aclaro no es mi hija, que se llama igual y también vive en Washington), cuyos dirigentes califican el pago en ausencia, como un error, que ha costado varios miles de dólares.
Y es tan escandaloso el caso que la Cooperación Española realizó un diagnóstico de la situación administrativa de la Asamblea y le presentó un informe con 16 recomendaciones, entre ellas regular la manera en la que se contrata personal. Pero según Numan Salgado, de GANA, “cuando ese informa se entregó a la Junta Directiva, la mayoría se puso a reír. El problema lo saben todos, pero nadie quiere hacer nada por solucionarlo. Ningún grupo parlamentario se quiere reducir plazas”. Norman Quijano dijo: “Nos dejó sorprendidos cuando comparamos que el Congreso de España, con 350 diputados, tiene como 800 empleados. Y El Salvador con 84 diputados, cuatro veces menos, estamos llegando a 2,800 empleados”.
Todos los salvadoreños gritamos ¡YA BASTA de tanta corrupción y cinismo! Urge que se cumpla la Ley, que se reduzca el número de diputados y su derecho de contratar ignorantes y hasta delincuentes. El país necesita austeridad y honradez en las personas que han sido elegidas para legislar para beneficio del bien común.
Maestra.