La semana pasada, el espurio Comité ad hoc para la reforma constitucional, ese grupito de cheros que están intentando formalizar, a través de una grotesca reforma constitucional, el establecimiento de una dictadura familiar en el país, anunció que ha pensado proponer la reforma de 196 artículos del total de 274 que contiene la Constitución salvadoreña.
Vaya payasada…si piensan cambiar más del 70% del articulado de la Constitución, lo que quieren hacer es emitir una nueva normativa constitucional, no reformarla. Pero, bueno, qué se puede esperar de un Comité donde no hay ningún constitucionalista, ni siquiera un abogado con prestigio académico o con publicaciones reconocidas en el ámbito constitucional. Lo que ese grupito está haciendo equivale a que le encarguen una operación de corazón abierto a un podólogo, porque algo sabe éste de usar herramientas con filo.
El contexto de la iniciativa y producción del proyecto que anunció el Comité es motivo más que suficiente para desconfiar de su finalidad y contenido, pues simple y sencillamente, el referido proyecto se presentará por integrantes de un Órgano Ejecutivo caracterizado por un liderazgo mesiánico (que tiene “línea directa” con Dios), que viola constantemente la Constitución, que desmantela el sistema de separación de poderes, que anula la independencia judicial, que viola derechos humanos en forma masiva, que oculta información pública y que, en definitiva, procura la concentración absoluta de poder para fundar una cleptocracia. ¿En las personas que participan y apoyan ese aquelarre es que esperan que confiemos que propondrán reformas constitucionales para establecer un sistema democrático? El chiste se cuenta solo.
Lo que están haciendo el Vicepresidente de la República —quien no tiene ningún rubor en desdecirse de sus previas declaraciones y actuaciones- y sus amiguetes en el vergonzoso Comité— me recuerda un libro que un destacado constitucionalista venezolano, Allan R. Brewer-Carías (quien debió huir de su país por la persecución chavista) publicó hace un par de años, titulado “Proyectos constitucionales del chavismo para desmantelar la democracia y establecer un Estado socialista en Venezuela”: en dicho libro se relata, en detalle, el plan chavista para, desde el uso deformado de las normas y con el apoyo de mercenarios abogadiles y judiciales, destruir la Constitución y la democracia.
Pues eso es, en esencia, lo que está sucediendo en El Salvador, solo que aquí, parafraseando al profesor Brewer-Carías, tendríamos que decir: “Proyecto del bukelismo para destruir la democracia y establecer una cleptocracia familiar en El Salvador”.
Es tan parecido lo que se está haciendo en El Salvador con lo que se hizo en Venezuela, que corresponde exactamente con el manual del autoritarismo (quizá por la influencia de la impresentable pléyade de asesores venezolanos con los que cuenta Casa Presidencial), incluso copiando disparates, como eventualmente presentar a ratificación por referéndum una cantidad impresionante de reformas constitucionales (por favor, que alguien tenga la caridad de contarle al Vicepresidente lo que sucedió en Venezuela en 2007, con el esperpéntico y frustrado intento de reforma constitucional por referéndum, que contenía una única pregunta para reformar más de 70 artículos de la Constitución…y aquí, quieren que de un solo se reformen 196 artículos…¡Nambe, no se pasen con las bayuncadas!).
Pero como son las ironías de la historia: muchísimos de los abogados y jueces que apoyaron y justificaron el proyecto chavista, una vez que ya no fueron necesarios, fueron despojados de sus cargos, defenestrados. ¡Mal paga el diablo a quien bien le sirve!
Ya sabemos, entonces, lo que se espera que la historia depare a abogados, jueces y magistrados que apoyan golpes de Estado, a esos que reniegan de la dignidad del jurista.
Abogado constitucionalista.