El coronavirus se ha enseñoreado de nuestras vidas particulares y colectivas. El mundo entero lleva más de dos meses sumergido en un confinamiento de personas, ciudades y países, atento al ritmo cambiante de las cifras de contagiados, curados y fallecidos.
El humo y el polvo de este estrépito sanitario de alcance global está impidiendo recuperar la atención sobre otros dramas, de ámbito regional, pero igualmente intensos en términos de los estragos que están causando y sobre todo en el número de personas que lo padecen.
Uno de esos dramas, una crisis humana que corre el riesgo de entrar en el olvido, es el desplazamiento de más de cinco millones de refugiados y migrantes venezolanos que han salido de su país, buscando una vida mejor.
La crisis que vive Venezuela desde hace años tiene varias dimensiones y necesita de mucho diálogo interno, apoyado por la comunidad internacional, para ser superada. La Unión Europea y España están ciertamente dispuestas a acompañar este proceso. Ahora es el momento de atender a esos millones de venezolanos que llevan a cuestas sus vidas por Colombia, por Perú, por Ecuador, por Chile y por otros países del vecindario latinoamericano, huyendo del hambre, de la enfermedad, de la miseria o de la persecución.
Los europeos, que tienen desde hace muchos años sus propios dramas de refugiados e inmigrantes, estamos obligados a prestar atención a este que se desarrolla en tierras latinoamericanas y caribeñas. Los países de acogida no están levantando muros ni plantando alambradas. Están recibiendo a estas personas por millones y procurándoles una asistencia que les facilite la integración en las comunidades de acogida.
El reto es descomunal. Con un goteo de miles de venezolanos saliendo diariamente de su país en los últimos años, los gobiernos receptores han visto cómo sus sistemas de salud y de educación quedaban desbordados en las zonas de concentración de los desplazados, y cómo sus instituciones se tensionan para evitar que los servicios públicos, incluyendo la seguridad, cedan ante el peso que están soportando.
Esta situación, ya de por sí suficientemente trágica, ha sido agravada por la COVID-19. En este trance, se hace urgente hacer un llamamiento a la solidaridad internacional. A pesar de la escala masiva del desplazamiento –es la segunda mayor crisis migratoria del mundo, solo por detrás de la de Siria– y de las enormes necesidades humanitarias que genera, las naciones receptoras –siendo Colombia, Ecuador y Perú las que más sufren el peso de este desplazamiento– han recibido poco apoyo de la comunidad internacional.
La financiación de la crisis venezolana ha quedado muy lejos de cifras relativas a la situación en Siria o la de los refugiados Rohingya. Es verdad que las crisis son diferentes, y que el sufrimiento experimentado por la población siria, inmersa en un conflicto civil de gravísimas consecuencias humanitarias, hace difícil la comparación, pero es un dato a tener presente. Sobre todo, ello ha de ser una llamada urgente a la solidaridad internacional.
Detrás de estas cifras hay historias. Historias de familias rotas que han debido dejar atrás lo construido durante toda una vida. Historias de caminantes que han cruzado un continente a pie buscando empezar de nuevo. Historias de mujeres víctimas de violencia o explotación sexual cuando solo buscaban una salida a la desesperación. En un esfuerzo sin precedentes, los países de acogida en América Latina están tratando de ofrecer las condiciones para que estas historias puedan tener una continuación basada en la dignidad, el respeto y el bienestar social. Debemos ayudarles a hacerlo
En octubre de 2019, consciente de esta grave situación, la Unión Europea organizó una conferencia de solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos, con el objeto de dar visibilidad global a esta crisis y animar a los gobiernos a apoyar a los países de América Latina y Caribe, que están dando tal ejemplo de solidaridad al mundo. Meses después, cumpliendo el compromiso asumido por la Comisión, España y la Unión Europea unimos fuerzas, con el apoyo de ACNUR y de OIM, para lograr comprometer más de €2,500 millones de la comunidad internacional para este esfuerzo.
Firman:
Arancha González Laya – Ministra de Asuntos Exteriores de España
@AranchaGlezLaya
Josep Borrell – Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
@JosepBorrellF