La CICIG nació en Guatemala con un propósito diferente al que cumple en la actualidad. Su evolución y la coyuntura política la orientaron, con posterioridad, a la lucha contra la corrupción. Previo a su constitución, entre 2003 y 2007, se citaban como justificantes para su integración los más de 6,000 homicidios por año en Guatemala, la infiltración de la delincuencia organizada en el Estado, la protección de la vida e integridad física de los ciudadanos y las continuas acciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad vinculados a actividades económicas ilícitas y a crímenes violentos. El mandato de la CICIG la obligó desde un inicio a respaldar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones públicas.
Las circunstancias son propicias en el caso salvadoreño. La prioridad que el Gobierno ha otorgado a la seguridad nos obliga a reflexionar si una eventual comisión internacional debería atender, además del tema de la corrupción, para el que originalmente se ha solicitado su creación, el complicado rubro de la inseguridad. La nueva administración aún no presenta el proyecto de ley que otorgaría existencia legal a una CICIES.
Cuando inicie el debate y se confirme que esta instancia no infringe las disposiciones constitucionales que otorgan a la Fiscalía General de la República (FGR) la atribución de investigar el delito y de representar los intereses del Estado, convendría analizar si una función específica de la comisión podría ser la de acompañar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la PNC y al resto de instituciones que integran el gabinete de seguridad, en la contienda que libran contra la delincuencia y en la implementación de una estrategia de prevención.
El “plan control territorial” y las distintas fases que lo componen no serán suficientes para erradicar el problema de las pandillas, para reinsertarlos a la sociedad y para reconstruir el tejido social. Una comisión internacional, con asistencia de países que han librado batallas similares, como Colombia, Brasil o México, podría ser el conducto para que nuestro país reciba la cooperación necesaria que garantice la sostenibilidad de los resultados que vaya arrojando el plan del presidente Bukele.
La cruzada en contra de la criminalidad requiere de un sólido programa de protección a víctimas y testigos, de investigadores a tiempo completo que den con el paradero de los extorsionistas, de la mejora continua de los centros penitenciarios, de la depuración permanente de la FGR, la PNC, los custodios de las cárceles y de la misma Fuerza Armada por el papel que desempeñará. Más puestos policiales, más policías y soldados, la recuperación de espacios públicos y la presencia estable y duradera de los servicios del Estado, la protección de las escuelas para evitar asesinatos de estudiantes, la renovación y sofisticación del equipo policial (chalecos, armas, uniformes, etc.), el uso de tecnología para procesar y analizar información que permita un enfrentamiento más focalizado de los criminales, y la investigación científica del delito, son algunas de las acciones que demandan de un robusto presupuesto y del seguimiento ininterrumpido, y a las que una comisión internacional podría contribuir con la experiencia de los especialistas que la integren.
Una comisión internacional profundizaría, junto a la Fiscalía, los tribunales y los ministros encargados de la seguridad, sobre el tipo de legislación penal que precisa una crisis como la que padecemos, con miles de menores de edad cometiendo verdaderas atrocidades, obligados por las pandillas a las que pertenecen. Asimismo puede colaborar con la construcción de la política criminal que sigue ausente y causando improvisación, y con la armonización de las estadísticas de delitos que por ahora mantienen distorsionadas, incompletas y confusas las cifras y las causas de los homicidios y las desapariciones lo mismo que la procedencia de las víctimas.
La controversia acerca de si las autoridades de seguridad necesitan un acompañamiento internacional será similar a la que se ha instalado en el caso de la FGR y los tribunales sobre si estás instituciones carecen de presupuesto, personal e independencia para erradicar la malversación de fondos públicos. En ambos supuestos se presume que la penetración de elementos corruptos podría estar fomentando la impunidad. La otra alternativa para encarar ese peligro es la del refuerzo de la institucionalidad nacional, con ayuda extranjera, pero orientada a consolidar el trabajo de los organismos locales, sin el establecimiento formal de una comisión.
Lo cierto es que el momento, como lo señaló la Embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, es el indicado para mejorar el clima de seguridad y recuperar la senda del crecimiento económico. Toda alternativa que procure ese objetivo debe ser evaluada y concertada entre el Ejecutivo y la población.
Doctor en Derecho y politólogo