La creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) fue una oferta de campaña del candidato a la presidencia por del partido GANA y ahora presidente electo Nayib Bukele. Esta fue la punta de lanza de su oferta electoral si ganaba la contienda presidencial. Luego de su triunfo, la discusión sobre la creación de una CICIES sigue vigente y cobra auge entre analistas políticos, diputados, funcionarios, tanques de pensamiento y movimientos ciudadanos.
Sin embargo, antes de tomar una decisión de tal envergadura es imprescindible realizar un análisis sobre las ventajas y desventajas de la creación de una CICIES. La impunidad y corrupción son los flagelos que buscan eliminarse con esta comisión. La impunidad involucra actos y omisiones de los tres poderes clásicos de un Estado nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El Índice Global de Impunidad es un instrumento que mide estadísticamente el fenómeno de la impunidad reconociendo su carácter multidimensional y multifactorial, con especial énfasis en la problemática de los sistemas de seguridad pública y justicia, así como la violación a los derechos humanos.
La impunidad no puede ser entendida o medida desde una sola perspectiva o dimensión. Este fenómeno es resultado de una serie de factores estructurales y funcionales que habilitan, permiten y en el peor de los casos, incentivan la existencia de la impunidad. Ante las dificultades para medir la impunidad contrastando únicamente delitos cometidos contra delitos castigados, se pone énfasis en al menos dos áreas de la gestión gubernamental, las cuales permiten la existencia de la impunidad: el sistema de seguridad pública y la administración de justicia, involucrando sus dimensiones estructurales, funcional y de derechos humanos.
En el 2017 El Salvador se encontraba entre los diez países latinoamericanos más impunes y ocupaba la novena posición. Esto hace replantearnos si nuestra institucionalidad es lo suficientemente robusta para lograr erradicar la impunidad y la corrupción que tanto ha empobrecido y entrapado en muchas áreas el desarrollo de nuestro país.
Un factor importante que debe considerarse es el vínculo entre violencia, seguridad y desarrollo, en el contexto más amplio del Estado de derecho. El homicidio doloso es una amenaza para la población porque su impacto va más allá de la pérdida de vidas humanas y genera un entorno de miedo, incertidumbre y desesperanza.
La definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) representan una oportunidad para desarrollar un conjunto de indicadores comunes que nos permita como país medir el alcance de problemas como la inseguridad, la violencia o la impunidad y a través de ellos, establecer criterios y buenas prácticas para la formulación e implementación de políticas que posibiliten reducir grados de impunidad y corrupción en El Salvador. La integración del Objetivo dieciséis de esta agenda del PNUD, debe ser para nuestra institucionalidad un mecanismo para promover la paz, garantizar la justicia y fomentar instituciones nacionales fuertes, significa avanzar en la dirección de un mejor sistema de medición estadística internacional.
La existencia de correlaciones entre impunidad y corrupción, violencia, inseguridad o desigualdad debe ser considerada también con mayor énfasis. Preocupa la relación perversa entre desigualdad socioeconómica e impunidad que se evidencia en nuestro país. Esto es el detonante para que la ciudadanía exija la creación de una CICIES auspiciada y respaldada por la ONU, un organismo supranacional que en Guatemala ha tenido una intervención directa y muchas veces arbitraria con la CICIG en Guatemala. No podemos ver una CICIES como una panacea inmaculada de justicia, pero tampoco podemos conformarnos con la mediocridad de algunos de nuestros políticos, queriendo manipular, irrespetar y burlarse de la justicia para beneficio propio.
Politólogo y Consultor en Seguridad @LuisSaxum