Desde enero del año pasado han sido expulsadas a México casi 65 mil personas mediante la aplicación de los llamados protocolos de protección a migrantes (MPP por sus siglas en inglés. Centroamericanos solicitantes de asilo en suelo estadounidense y en puntos de la frontera sur de Estados Unidos son devueltos a localidades tan plagadas de violencia como la que los obligó a huir de sus hogares en sus mismos países. Ciudades fronteras como Tijuana y Ciudad Juárez son calificadas por el Departamento de Estado con el mismo nivel de amenaza que Irak, Siria, Somalia o Afganistán.
La organización internacional Human Rights Watch ha señalado que prácticas como la denominada “metering” (imposición de una cuota diaria limite en fronteras Estados Unidos / México para personas solicitantes de asilo), programas piloto identificados como PACR (revisión rápida de solicitud de asilo), HARP (proceso de revisión humanitaria de asilo) y los MPP violan la legislación del sistema de asilo estadounidense y normas de protección internacional. Pese a que se supone que personas que sufren condiciones espaciales de vulnerabilidad de su salud están excluidas de la aplicación de estos ´protocolos, se le cierran las puertas a mujeres embarazadas y a miembros de la comunidad LGBTIQ+ que huyen de situaciones de violencia brutal. Estas personas quedan sin posibilidad en México para acceder a un abogado acreditado para ejercer en Estados Unidos. El 99% de todas las personas bajo los MPP no tienen un abogado acreditado para representarlos en sus casos.
Estos mecanismos constituyen devoluciones que regresan a las personas a una situación de peligro. Datos de agrupaciones como Interfaith Immigration Coalition (IIC) señalan que el número de ataques contra solicitantes de asilo es de 1,114 casos denunciados, cifra que cada vez más va en aumento.
El COVID19 se ha convertido en un nuevo argumento para fortalecer políticas de cierre de fronteras a migrantes. La dirección de los Centros de Prevención de Enfermedades (CDC), aseguró que era necesario prohibir el asilo y negar la entrada a los inmigrantes, justificando su devolución porque los agentes fronterizos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no podían evaluar razonablemente a las personas por el abarrotamiento en los puntos de entrada o en las estaciones de control fronterizo. Organizaciones pro-derechos migratorios han advertido que este tipo de expulsiones ilegales, como no dudan en llamarlas, ponen en peligro la vida de los niños no acompañados y de los solicitantes de asilo, exigiendo que se detengan inmediatamente las deportaciones durante la pandemia.
A pesar del cierre de fronteras, en lo que va del período fiscal 2020 (octubre 2019-junio 2020), las autoridades estadounidenses han detenido en su frontera sur 259 mil 147 migrantes indocumentados. La agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), reporta que la Patrulla Fronteriza detuvo a 32 mil 512 migrantes tan solo en el mes de junio de este año, lo que supone un aumento del 40% con respecto al mes de mayo.
Un reciente estudio de Crisis Group, titulado “¿Milagro o espejismo? Pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador”, pone en duda que la disminución de homicidios en este país sea producto directo de la implementación de acciones gubernamentales en materia de seguridad pública y retoma como ejemplo el repunte de muertes violentas registradas en abril de este año. Fueron asesinadas 74 personas en tan solo 4 días. La inseguridad por violencia generalizada es la principal razón que exponen solicitantes de asilo de origen centroamericano.
Pese que migrantes centroamericanos siguen siendo deportados o expulsados a los llamados “terceros países seguros”, la intencionalidad disuasiva de tales prácticas no será efectiva, aunque se observen periodos específicos en que merman registros oficiales de migración irregular. Y es que el método de “escarnio” y “castigo” persistiendo la minimización o abordaje superficial de las reales causas de este fenómeno nunca tendrá resultados sostenibles. Entretanto, los centroamericanos seguirán huyendo, buscando, una y otra vez, la dignidad y seguridad que les han sido negadas en sus países de origen.
(*) Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz.