Gobernabilidad criminal

La dinámica iniciada por “la tregua” de Munguía Payés ha sido reproducida por todos los partidos políticos en la Asamblea y el Ejecutivo con distintos objetivos y bajo distintas circunstancias.

Por Carlos Ponce
Criminólogo

Feb 04, 2020- 18:05

Los políticos salvadoreños tradicionalmente han puesto (y siguen poniendo) los intereses de sus partidos y sus ambiciones personales por encima de la seguridad de la ciudadanía. La premisa dominante entre los políticos siempre ha sido (y sigue siendo): “Solo necesitamos aparentar estar haciendo algo por la seguridad”.
Sin duda, esto ha sido más evidente y pronunciado durante los últimos años gracias a que investigaciones penales y periodísticas han desnudado la cobardía de la clase política. Es abrumadoramente indignante cómo prominentes figuras de todos los partidos con representación en el Estado, sin excepción, decidieron que los réditos electorales asociados con compartir la gobernabilidad del país con grupos criminales eran lo suficientemente rentables como para buscar pactos oscuros con cabecillas pandilleros y, de paso, sacrificar a la ciudadanía.
He explicado reiteradamente que las pandillas aprovechan el vacío de autoridad causado por la falta o debilidad del Estado en sus comunidades. Explotando estas condiciones, establecen para-gobiernos locales e imponen reglas que los residentes deben seguir y que, muchas veces, incluso llegan a ser respetadas con más diligencia que las leyes nacionales. Sin embargo, la forma en que protegen este poder varía. Las pandillas menos sofisticadas están en una batalla constante por mantener el poder y evitar que sea arrebatado por agrupaciones rivales y por el Estado. La violencia es constante y visible, ya que se emplea para neutralizar cualquier amenaza al poder ostentado.
Las pandillas más refinadas, por otro lado, establecen acuerdos que les garantizan autoridad local y, al mismo tiempo, minimizan el conflicto con otros actores. Esto implica llegar a arreglos con el Estado y agrupaciones rivales en los que se delega la gobernabilidad local a la pandilla que controla la zona a cambio de algún otro beneficio. La violencia es más selectiva y poco visible. El control y la influencia de la pandilla se esconde y profundiza. Este es el tipo de arreglo que se puso de moda gracias a “la tregua”.
La invisibilidad y legitimación que logran las pandillas con estos pactos es lo que los hace más peligrosos. Las pandillas se involucran en delitos mucho más complejos, lucrativos y menos visibles, mientras los políticos explotan la aparente tranquilidad para fines electorales, atribuyéndose la disminución en las estadísticas criminales, y aprovechan el control ejercido por la agrupación para sus propios intereses. El problema no se resuelve, se esconde y agudiza.
Hace poco, por cierto, la revista científica Journal of Research in Crime and Delinquency publicó un interesante estudio que provee evidencia empírica sobre precisamente este tema. La investigación encontró que las zonas en las que operan grupos criminales estilo mafias, que cuentan con un nivel relativamente elevado de organización, reportan una menor incidencia de delitos. Según los autores, esto sugiere que este tipo de agrupación tiene la capacidad de prevenir la delincuencia común y convertirse así en fuente de seguridad. La reducción en las estadísticas criminales no necesariamente implica, por lo tanto, el debilitamiento de los grupos delictivos; algunas veces puede estar asociada con la robustez y sofisticación de estas agrupaciones, pero los políticos siempre la utilizarán para su propio beneficio.
La dinámica iniciada por “la tregua” de Munguía Payés ha sido reproducida por todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo con distintos objetivos y bajo distintas circunstancias. Las acusaciones presentadas por la Fiscalía en los tribunales son un paso importante para desmontar esta práctica. Es necesario advertir, sin embargo, que los pactos han evolucionado y ahora son mucho más sofisticados que los observados durante “la tregua”. En consecuencia, falta para poder afirmar que el alcance de la investigación fiscal es suficiente para acabar con los arreglos oscuros que permiten que los políticos, funcionarios y cabecillas pandilleros compartan la gobernabilidad del país.

Criminólogo.

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