Necesitamos impulsar un cambio en la cultura política si queremos consolidar los avances democráticos que hemos logrado en más de un cuarto de siglo” (L. Córdova).
En tiempos no electorales la gente olvida el poder que le otorgan las urnas para elegir a sus representantes. Tampoco advierte las consecuencias para la democracia si faltara un sistema de frenos y contrapesos, es decir, si desapareciera la división de poderes. Los 27 años transcurridos desde la firma de la paz y la emergencia de generaciones alejadas del conflicto ubican en un horizonte muy lejano a la represión, a la ausencia de instituciones y a la carencia de espacios políticos que caracterizó a aquellas décadas.
La mayoría de ciudadanos no habla del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni vigila el cumplimiento de las promesas que hicieron los candidatos en campaña. No hay interés en el rol estratégico de los partidos. La población desconoce los procesos internos donde los institutos políticos eligen candidatos y a sus autoridades y no dimensiona las secuelas que se producen allá donde no existe un sistema de partidos fuerte. Guatemala, con la infiltración del crimen organizado en el Estado, es una buena muestra de esa realidad.
El proceso en el caso salvadoreño está diseñado para que la sociedad asista a los comicios, entre en letargo y no se active hasta el próximo evento electoral. En el ínterin se instala la indiferencia. Ni el TSE ni los partidos políticos ni ninguna otra autoridad pública impulsan campañas de educación cívica que recuerden sobre la importancia de mantener vigentes los principios de la democracia electoral. La excusa de siempre, ciertamente comprobable, es la estrechez presupuestaria.
Si bien algunas instancias privadas reclaman transparencia y mantienen una agenda muy intensa en contra de la corrupción y además empujan la despartidización de las instituciones públicas, el debate tiene lugar entre élites y con un lenguaje no comprensivo para todas las personas. En otros sistemas la autoridad electoral tiene a su cargo el fomento de valores cívicos entre los niños y jóvenes. El Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano es un buen ejemplo. El programa cívico persigue fines que sobrepasan lo electoral. Su estrategia plantea tres aspectos centrales: 1. Desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos (en general y no sólo los políticos); 2. Que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública; y 3. Que cree contextos de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan la estatalidad y la eficacia del Estado de Derecho.
El titular del INE, Lorenzo Córdova, nos recordaba en un congreso que el desencanto con la democracia no es un fenómeno exclusivo de un país en particular sino que se presenta como una problemática generalizada en América Latina, incluso se podría decir que es un fenómeno que afecta al mundo entero. Países con añeja tradición democrática, de esos que se consideran viven en democracias consolidadas, y países con democracias en proceso de consolidación o imperfectas, están padeciendo un desencanto similar y lo están manifestando en el tono de sus campañas electorales o cada vez que se lleva a cabo un ejercicio plebiscitario. La intolerancia, el antipluralismo, la simplificación del debate político y la crítica a los acuerdos entre fuerzas políticas son expresiones de un problema común: la incipiente cultura cívica de nuestras sociedades.
Esa escasa conciencia por formar a hombres y mujeres enrarece el apego de la gente a las elecciones y facilita la manipulación de la voluntad cuando llega de nuevo el momento de votar. Si la autoridad electoral capacitara continuamente a los habitantes para que integraran a las Juntas Receptoras de Votos, promocionara el beneficio de ejercer el sufragio, y explicara, repetidamente, las formas y mecanismos para votar, sus efectos y el método utilizado para contar los votos, tendríamos una ciudadanía más crítica y con un discernimiento mucho más fino que le blindaría ante las ideas adulteradas del populismo y del clientelismo político.
Los partidos deberían actuar en el mismo sentido. Entre sus finalidades se encuentran las de formar políticamente a sus militantes, fortalecer las capacidades de sus líderes y educar a la población en general. Ciertamente nacen para alcanzar el poder político, pero en períodos fuera de la competencia electoral su trabajo tendría que concentrarse en los aspectos señalados.
En un siglo en el que las noticias falsas y el hastío colectivo hacen de las instituciones de la democracia presa fácil de la antipolítica, es aún más urgente atender la cultura política y la educación cívica de los ciudadanos. De lo contrario nos enfrentamos a un escenario en el que liderazgos personalistas ejercerán el poder bajo la tutela del nuevo autoritarismo, ignorando la ley y promoviendo el relativismo de los valores de la cultura occidental.
Doctor en Derecho y politólogo