La ciudadanía se está apropiando cada vez más de sus derechos. Lo vemos cuando con firmeza se plantan ante a cualquier institución pública a exigir que cumplan con sus obligaciones y trabajen. Y, en los últimos años, lo observamos cuando las personas ejercen su derecho a saber qué están haciendo los funcionarios al interior de las instituciones y cómo están administrando la cuota del poder que se les ha encomendado. ¿Cuáles son los planes y políticas institucionales? ¿Cómo utilizan su presupuesto? ¿Quiénes trabajan para las instituciones que dirigen? ¿Qué funciones realizan? ¿En cuánto se ha incrementado su patrimonio personal desde que son funcionarios? ¿Dónde viajan? ¿Quién pagó el viaje? Los ciudadanos tenemos derecho a saber y al Estado le correspondiente obligación de entregar la información.
El derecho de acceso a la información pública mejora a las sociedades. En el año 2012, la Sala de lo Constitucional llegó a catalogarlo como “oxígeno de la democracia”, ya que dicho derecho propicia el afianzamiento de una república transparente y efectiva, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Si los ciudadanos contamos con la información suficiente sobre cómo se manejan los asuntos públicos, esto se traduce en críticas informadas y sostenibles, más y mejores exigencias a los funcionarios y, ojalá, todo esto conlleve a un mejor país.
Y quizá evitar que se les exija es el motivo por el cual muchas instituciones públicas se resisten a entregar cierta información en su poder. Con los datos en manos de la ciudadanía se abre la posibilidad de realizar un ejercicio de control ante las instancias correspondientes (los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Fiscalía General de la República) y hasta de supervisar el trabajo de las mismas entidades de control. Se abre la puerta a que se cuenten las costillas de los funcionarios y a criticar el trabajo que se realiza. Así ha pasado en diversos casos desde que desde que se ha tomado conciencia de este derecho y se ha puesto en marcha la Ley de Acceso a la Información Pública.
Gracias a solicitudes de acceso a la información ante distintas instituciones se ha logrado saber cuestiones relevantes como el hecho que varias entidades públicas gastaban fuertes cantidades de dinero en banquetes y alcohol; que la Asamblea Legislativa tiene una planilla de empleados desbordada; y prácticamente se han revivido unidades que se encontraban rezagadas, como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando a raíz de una solicitud de la versión pública de declaración de patrimonio del exmagistrado Rodolfo González se obligó a entregar esta información y la de todos los funcionarios públicos.
No haga caso cuando una persona le diga que algo no importa, que hay que seguir adelante sin fijarnos en nimiedades, que por qué cuestionamos hoy y antes no. Primero, usted tiene derecho a saber solo porque sí, por pura curiosidad, sin dar ninguna explicación. Segundo, usted tiene derecho a saber para tomar parte activa en su rol como ciudadano. Para involucrarnos es necesario contar con la información suficiente, si no luego no sabemos qué exigirle a los funcionarios en su actuar.
No solo el periodismo ayuda a saber lo que algunos funcionarios quieren esconder. Cada individuo, ejerciendo su derecho de acceso a la información pública, puede contribuir a que los asuntos en los que se involucra el Estado no se hundan en la oscuridad. Tenemos derecho a saber.
Abogada.