En las elecciones de 2021 se elegirán alcaldes y concejales, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Se trata de una elección igual a la de 2015, cuando se aplicaron por primera vez las listas abiertas y el conocido popularmente como “voto cruzado” y en la que tuvieron lugar tres procesos. Las listas abiertas obligan a la autoridad electoral a efectuar dos escrutinios: uno para calcular el número de diputados que obtiene cada partido; y otro para contar las marcas que reciben los candidatos a diputados. Con este segundo conteo se designan a las personas que ocuparán los respectivos escaños. Esta situación es la que obliga al Tribunal Supremo Electoral al uso de tecnología.
Las malas experiencias de 2015 y 2018 incrementaron la desconfianza de los partidos y de los ciudadanos en el uso de los recursos tecnológicos. En la primera no se registraron más de 20,000 votos y en la segunda se asignaron marcas en forma equivocada a ciertos aspirantes. Los procesos salieron adelante pero dejaron una estela de críticas atribuibles al TSE.
A esta situación debe sumarse lo ocurrido en Bolivia en las elecciones del 20 de octubre y en las presidenciales hondureñas de 2017. El fraude perpetrado por el expresidente Evo Morales, confirmado por la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ocurrió precisamente con la manipulación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. En el análisis de integridad electoral efectuado por la OEA, los auditores señalaron que “las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave”. El organismo hemisférico recomendó repetir las elecciones.
En Honduras sucedió un hecho similar. El segundo informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, dictado en diciembre de 2017, concluyó que “a partir del análisis técnico realizado, la Misión no puede confirmar que el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) haya sido manipulado con dolo. Sin embargo, sí puede afirmar que no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada”. La MOE consideró el proceso como uno de “muy baja calidad electoral”.
El TSE ha planteado tres opciones de tecnología electoral para los comicios de 2021. La primera es la establecida en el Código Electoral, utilizando papel para contar los votos que luego se consignan en el acta de cierre y de escrutinio preliminar. El acta se digitaliza en los escáneres para ser transmitida al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE). Es el mismo método de 2018, que seguiría generando retrasos para conocer los resultados. El segundo modelo se refiere a un sistema de reconocimiento de marcas en las papeletas. Es un nuevo esquema donde el escrutinio preliminar se ejecuta en un escáner que computa los datos automáticamente. En este prototipo las marcas se procesan en un centro donde los miembros de las JRV tendrían que hacer cola para la obtención de este cálculo y para escanear el acta. La última y más completa posibilidad es la denominada como “tecnología en mesa”. Cada Junta Receptora de Votos utilizaría una laptop con su respectivo teclado adecuado al conteo de votos y marcas, un impresor para el acta y un escáner, todos portátiles. Con este sistema las marcas se procesarían en la JRV. En este modelo las actas se transmiten desde la mesa al CNPRE y se imprimen las copias para los partidos y la que corresponde a la Fiscalía General de la República.
El TSE hace bien en abrir la discusión con más de un año de anticipación a las elecciones. Esta decisión permitirá un amplio debate sobre las ventajas y desventajas de cada una de las tres alternativas. También planteará el dilema del presupuesto para los comicios. El valor financiero de la tecnología aumenta según las facilidades que ofrece. La tecnología en mesa es la opción más cara —serían equipos para aproximadamente 8000 JRV—. Duplicaría el costo de la elección en relación a las legislativas y municipales de 2018. Sin embargo, se debe tener en cuenta la prontitud con la que se conocerían los resultados además que los mismos instrumentos se utilizarán en las elecciones de 2024 y 2027, antes que queden obsoletos, según lo explicado por los técnicos del Tribunal.
El aspecto más relevante en todo este asunto es el de la confianza. Vistos los antecedentes en Bolivia, el TSE debe asegurar que la tecnología no será adulterada. Las auditorías independientes del sistema serán fundamentales, antes y después del evento, lo mismo que la vigilancia de los partidos y la observación de la OEA.
*Doctor en Derecho y politólogo