Lavado de dinero se refiere al ocultamiento, generalmente mediante transferencias que involucran a bancos extranjeros o negocios legítimos, de dinero cuyo origen o destino es ilegítimo. Técnicamente, el lavado de dinero es el proceso ilegal de hacer que grandes cantidades de recursos, generadas por una actividad delictiva, como el tráfico de drogas, robo, rentas de pandillas, etc., o dinero legítimo destinado a la financiación de actividades ilegítimas como el terrorismo, parezcan provenir de una fuente legítima o destinada a una actividad legal. Veamos: el origen no puede ser ilegítimo pues proviene de impuestos y/o préstamos al Estado. Fue parte del Presupuesto aprobado por la Asamblea, su fuente directa fue el Banco Central de Reserva, y su orden de desembolso provino del Ministerio de Hacienda, proceso que fue además justificado ante la Corte de Cuentas. En muchos casos fue ingresado directamente a las cuentas de bancos de las personas receptoras.
Tampoco fue peculado, pues sirvió para nivelar el pago de funcionarios y, por tanto, no se puede catalogar como un robo de las arcas del Estado. Veamos su definición técnica: Peculado es la sustracción o uso indebido de fondos del Estado que el funcionario tiene en su confianza resguardar. Si a ninguno de los imputados se les entregó estos incentivos de sueldo como fondos a resguardar por el Estado, sino como parte de su bonificación, el delito de peculado tampoco aplica.
Por otro lado, el Ministro de Seguridad ha hecho declaraciones públicas que son sesgadas en perjuicio de los imputados, sin éstos haber sido vencidos en una corte. Ha dicho, además, que provienen directamente del Presidente sin que éste lo desmienta. En cualquier lugar del mundo civilizado, esas declaraciones serían motivo para que las acusaciones sean desechadas por haber prejuiciado el caso.
La exhibición de los imputados esposados me recuerda a la “revolución cultural china”, donde los instigadores de aquella infamia fueron posteriormente exhibidos en forma similar por un gobierno subsiguiente y hoy son recordados con oprobio en China.
En los organismos internacionales ha causado estupor ver a Cáceres exhibido esposado como un maleante. Me indican que él podía haber sido compensado con $250,000, sin impuestos, al año como funcionario representante de El Salvador ante un organismo internacional, y que, por lo tanto, no es plausible que Cáceres hubiera cometido un desfalco por cinco años cuya cantidad suma lo que pudo haber ganado, durante solo un año, trabajando para organismos internacionales.
Comprendo que Lina Pohl, Carlos Cáceres y Erlinda Handal, así como otros profesionales, hayan aceptado la nivelación salarial. También entiendo que los funcionarios de ARENA, provenientes de la empresa privada, donde esta práctica es aceptable y su ética no es cuestionada, hayan aceptado la nivelación como algo perfectamente normal. El Salvador es un país presidencialista, donde la posición del Presidente manda y es considerada legal por todos. Desde esta perspectiva creo que los responsables por esta práctica vergonzosa en un país tan pobre deberán ser, en todo caso, los presidentes que la practicaron.
Con respecto a los gastos reservados, son una practica internacional, y en los EE.UU. existen para cada ministerio. Si, tienen que ser justificados ante los organismos apropiados y son auditados todos los años por un fiscal independiente en cada ministerio.
Como empresario en los EE.UU., llegué a pagarles, en forma diferenciada, hasta 3 ó 4 veces más a mis empleados en Afganistán que en los mismos EE.UU. Hubo a uno que, por su calidad y reputación internacional en el diseño operacional de aeropuertos, le pagué $500 la hora. Por otro lado, en forma diferenciada, a mi criterio, le pagué a otro ingeniero de aeropuertos $250 la hora. Sin embargo, rehusé pagárselos a otro que, por petición del Pentágono, consideré emplearlo. Eran compensaciones que yo las podía pagar a mi discreción, pero que después en una auditoria que duró dos años tuve que justificar. El problema que veo en El Salvador es que existen prácticas capitalistas en un país sin la riqueza de los países capitalistas. Es decir, se vive dentro del capitalismo sin ser país capitalista. En los EE.UU., las cantidades que los imputados recibieron por los cinco años, en muchos casos, equivalen a un salario anual de un profesional de la clase media, incluso el salario de 24% de la diáspora salvadoreña que es profesional en EE.UU.
Que los exguerrilleros del FMLN hayan continuado esta práctica proveniente de ARENA y la empresa privada es vergonzoso y demuestra un abandono de sus “principios” políticos por los cuales hicieron la guerra. El FMLN no debería abrigarse solo en la legalidad, sino en la “ética revolucionaria” que reclaman y por la cual el pueblo salvadoreño antes lo apoyó. Adicionalmente el FMLN ha caído bajo el control de un individuo que ha apoyado políticamente y sido financista de Bukele, que aparece en la lista Engel y que además el FMLN ha sido incapaz de apartar de sus filas. Bien haría el FMLN con desaparecer del escenario político y dar espacio a que surja una nueva izquierda democrática. Lo mismo creo del partido ARENA. Este partido debería separarse del escenario político y dejar que las nuevas derechas democráticas florezcan.
Eventualmente, el gobierno del presidente Bukele, donde algunos de sus ministros se han negado a entregar cuentas de su patrimonio, y el uso de los fondos destinados a combatir la pandemia han sido declarados reservados, tendrá que someterse al escrutinio legal. Tendrán que explicar, legal y éticamente, por qué los ministros fungen ad honorem y se les pagan compensaciones superiores como asesores. Se ha hablado de compensaciones de $8,000 o mayores; más del doble que la compensación total que recibió la Dra. Erlinda Handal. De ser así, existe una hipocresía ética y una práctica ilegal pues se ha hecho como subterfugio para no estar sujeto a la ley salarial del gobierno.
A nivel internacional, la intencionalidad del imputado es clave en el levantamiento de este tipo de cargos. Para la solvencia internacional del sistema judicial en El Salvador, el Estado tendrá que probar que los imputados actuaron con intención deliberada de extraer fondos provenientes de préstamos internacionales destinados hacia la salud, educación y otros servicios públicos, como el Ministro de Seguridad ha declarado. De lo contrario, estaríamos delante de un show político destinado únicamente a desprestigiar a quienes el actual gobierno considera detractores.
Si es así, no se trata de buscar justicia, tampoco se trata de desprestigiar a un adversario que ya no existe como tal. Se trata primordialmente de infundir miedo en la población y en los sectores críticos a la administración Bukele por su falta de políticas de gobierno y de Estado, y actitudes dictatoriales.¿Funciona esta estrategia? Sí, como publicidad coyuntural para crear odio y desunión dentro los salvadoreños; sin embargo, eventualmente se volverá contra sus instigadores como paso en la China.
Sr. Presidente, por favor, rectifique. Todavía esta a tiempo de salvar su administración.
Ingeniero-científico; salvadoreño-americano, desde Washington.