Sin rumbo

En vez de sentarse a trabajar las reformas a su reglamento interno para permitir la mejora permanente de estos procesos de elección de funcionarios, la Asamblea Legislativa está sumida en asuntos puramente políticos y de intereses de los partidos, no de la población.

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Por Erika Saldaña

2019-10-27 9:51:10

Intrigas, boicot, pleitos, cámaras y mucho show. Cualquiera pensaría que hablamos de una telenovela. Lo más triste de todo es que se trata de un recuento de los últimos sucesos en la Asamblea Legislativa. Hemos visto los intentos de boicotear una presidencia ya pactada desde hace meses, los pleitos internos entre los miembros de los partidos, los enfrentamientos con el gobierno y las comisiones dignas de un “reality show”. Pareciera que no hay rumbo al interior de la Asamblea Legislativa.
Los perdedores de esta tragicomedia son los ciudadanos a quienes les toca afrontar la dura realidad. Porque mientras los diputados viven de pleito en pleito, hay personas que siguen sufriendo las consecuencias de la falta de seguridad, los desplazamientos forzados por la violencia, la falta de agua, las pensiones de miseria para la mayoría de salvadoreños y la falta de oportunidades para jóvenes y adultos.
En la Asamblea hay asuntos de suma importancia a espera de ser discutidos y pasar por el proceso de formación de ley. Entre esas cuestiones pendientes existen varias que han sido ordenadas por la Sala de lo Constitucional en sentencias, por ejemplo: en el año 2016 se ordenó emitir una nueva ley de reconciliación nacional y, además, la normativa que regule el voto para diputados y concejos municipales de salvadoreños en el exterior. Desde el año 2018 la Asamblea tiene en sus manos la responsabilidad de elaborar una ley que tenga como finalidad proteger a las personas que sufren el desplazamiento interno por la violencia. Todos estos temas aún se encuentran pendientes y no se vislumbra un final feliz en el corto plazo.
Por otra parte, también existen discusiones pendientes al interior del Salón Azul en temas trascendentales, como el presupuesto general de la nación para el próximo año, donde se tiene que definir muchas de las prioridades de nuestro país para el 2020; la reforma de pensiones que busque solventar los agujeros que dejó sueltos la reforma del 2017; la ley de agua, considerando la crisis hídrica que sufren muchos sectores del país y la necesidad de reivindicar este derecho para muchos salvadoreños. Y así podemos enlistar una serie de asuntos que la Asamblea Legislativa debería estar discutiendo de forma responsable.
Y, en relación con la obligación de la Asamblea Legislativa de elegir a funcionarios, la Sala de lo Constitucional admitió una nueva demanda de inconstitucionalidad contra una elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Dejando a un lado las particularidades del caso concreto, lo triste es que todavía existan serias dudas sobre los procedimientos y el trabajo que realiza la Asamblea Legislativa.
Desde que se empezó a desarrollar de manera sostenida la jurisprudencia constitucional sobre las elecciones de funcionarios, han pasado ya alrededor de ocho años. Se han sentenciado más de una docena de casos y se ha declarado inconstitucional la elección de cerca de treinta funcionarios. Y aún con estos números y toda la experiencia que deberían haber adquirido, pareciera que los diputados se resisten a capitalizar las lecciones de cada una de las sentencias en su contra.
En vez de sentarse a trabajar las reformas a su reglamento interno para permitir la mejora permanente de estos procesos de elección de funcionarios, la Asamblea Legislativa está sumida en asuntos puramente políticos y de intereses de los partidos, no de la población.
Los diputados deberían estar buscando la manera de ofrecer más y mejores respuestas a la población y no solo dar la impresión que llegan a levantar la mano de forma automática al momento de la plenaria. Hay que enderezar el rumbo al interior de la Asamblea Legislativa; el país necesita respuestas integrales a la infinidad de problemas que existen.

Abogada