Por La Conferencia Episcopal de El Salvador abogó por la derogación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con más de 80,000 personas capturadas, muchas de ellas inocentes y sin esperanza de un juicio justo. En esa carta pastoral, hay un párrafo que define el actual panorama del país, y debe ser objeto de especial atención: “Se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna, pues el pueblo no puede continuar actuando bien y obedeciendo las leyes por temor al régimen de excepción. HACER EL BIEN POR MIEDO ES COERCIÓN, Y HACERLO POR OBLIGACIÓN ES REPRESIÓN.”
Cada vez que los diputados, por mandato presidencial, han renovado el régimen, lo han justificado como la única manera de que haya tranquilidad y seguridad en el país, lo que reiteró el mandatario en su discurso del 1° de junio, afirmando que el pueblo vive tranquilo, sin temor a las pandillas, aunque hoy a quien tienen temor es a las autoridades que abusan de su investidura con prepotencia y matonería.
Cuando los periodistas se acercan a alguna escuela para demostrar el estado ruinoso en que se encuentra, la respuesta es la misma: ni maestros ni padres de familia tienen autorización para dar declaraciones, ni permitir fotografías, bajo el riesgo de ser reportados, amonestados y hasta despedidos por haber hablado. Algunos padres de familia que han sufrido el cierre de escuelas y las malas condiciones en que se encuentran, se atreven a expresar sus quejas, y los valientes piden el anonimato.
Igual situación se vive en hospitales y unidades de salud, donde los médicos no pueden denunciar las lamentables condiciones existentes, ni el desabastecimiento de medicamentos, que les obligan a aconsejar a los pacientes adquirir las medicinas en farmacias privadas, gran esfuerzo por el alto costo de las mismas, o resignarse a seguir con lo que la red pública les pueda dar. Citas de cirugías urgentes, programadas para seis meses y más, porque no hay insumos ni personal, dándose casos de médicos generales practicando cirugías que debían realizar especialistas.
Ataques constantes a la prensa independiente, acusándola de desestabilizar al gobierno, cuando gracias a la brillante labor de investigación sacan a relucir la dramática situación que viven los salvadoreños, especialmente aquellos más necesitados. Por denuncias e irregularidades aparecidas en los periódicos, se pide aclaración o comentario del funcionario a cargo, el silencio es la normativa: se enviaron correos, se llamó al celular, sin que haya habido respuesta. La respuesta del encargado de prensa es siempre la misma: no estamos autorizados para dar declaraciones. Cuando muchas veces es información oficiosa que el pueblo que paga impuestos tiene derecho a conocer.
La política del silencio y del miedo ha permeado en la población, y es común que comerciantes informales retirados por la autoridad, tengan temor de explicar sus problemas, siempre se escudan tras un “como no se puede hablar”. Sabias palabras al recordar el destino que han tenido quienes valientemente contaron las torturas sufridas por los detenidos en las cárceles, de las cuales ellos fueron testigos. Los líderes comunales presos por defender el medio ambiente, contra la legalización de la minería, y los desalojados que protestaron pacíficamente y fueron maltratados por la autoridad, terminando presos su abogado y el líder. Advertencia para los que se atrevan a protestar.
La detención de la Lic. Ruth López, sacada a medianoche de su casa, con engaños y en ropa de dormir, y obligada a cambiarse de ropa en plena calle, frente a la patrulla que la esperaba, sin ningún respeto por su condición de mujer y de valiente defensora de los derechos humanos tan mancillados, es un paso más en la escalada del silencio y del miedo. Portarse bien por obligación y por miedo, es represión, amonestaron los obispos.
Maestra