Lo inesperado no fue que un individuo en una situación de poder en El Salvador la usara para aprovecharse de alguien vulnerable. Por desgracia pasa en casi todos los ciclos noticiosos en nuestro país, donde incluso dentro de la misma vivienda familiar pueden a veces residir victimarios y víctimas. Sobran los reportes de abuso sexual, con víctimas de ambos géneros que incluyen a menores. El caso de Katya Miranda, emblemático por las peores razones, es también uno de los tristes recordatorios con los que cuenta la historia salvadoreña de que, por desgracia, la impunidad tampoco es ajena a nuestro sistema judicial.
En este contexto, los alegatos que impulsaron el proceso del magistrado Escalante podrían haberse dado en cualquier esquina de nuestro país y la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que declaró que los hechos en cuestión una falta, dejando a muchos el sinsabor de que no se había hecho justicia, son bastante comunes.
Lo inesperado de la situación no se dio en los juzgados, ni en la Cámara de lo Penal, ni en la cuestionable resolución judicial que, por el bien de nuestra institucionalidad, debería ser debatidas y analizadas a fondo por nuestros académicos del Derecho. Lo inesperado se dio en las calles y en las redes sociales, puesto que en un país donde la costumbre —ya sea por impotencia o por apatía— es más bien tolerar la violencia, la impunidad y el abuso, se oyeron las voces de protesta diciendo “Tocar niñas sí es delito”, a un volumen que se oyó hasta afuera de las fronteras patrias.
Algunos tildaron las protestas de “linchamiento”. Si se toma en cuenta la historia de dolor que arrastra la palabra, puesto que describe actos físicos de horror perpetrados en contra de los cuerpos de individuos vulnerables, usualmente en sociedades donde el Estado de Derecho no servía al momento para proteger a todos los seres humanos de igual manera, es fácil darse cuenta de que su uso para describir las protestas en contra de los magistrados es bastante desproporcionado. La crítica pública es parte de las consecuencias naturales de tomar decisiones en la esfera pública y ni jueces ni magistrados están exentos de recibirla.
Las protestas, si bien carecen de efectos jurídicos, tienen un valor incalculable. Para las víctimas de abuso sexual que jamás tuvieron la posibilidad de hacerse oír, las protestas podrían ser un gesto de solidaridad y apoyo. Para las nuevas generaciones creciendo en El Salvador, oír que los más vulnerables cuentan con la defensa de activistas comprometidos con la justicia y los derechos humanos, las protestas podrían significar un ejemplo y hoja de ruta, para entender que existen más opciones fuera de resignarnos a la apariencia de injusticias e impunidades.
Y quizás, tristemente, habrá en nuestro país quienes aún necesitan oírlo, a todo volumen, el recordatorio de que tocar niñas sí es delito, y que incluso en los casos en que los hechos no puedan tipificarse como tal bajo el criterio de jueces que pueden también equivocarse, aprovecharse de un menor con fines sexuales es un hecho deplorable que merece rechazo social. Mientras existan individuos sin escrúpulos cuyas acciones indiquen que no se han enterado de que tocar niñas si es delito, toda protesta que ponga el recordatorio en primera plana siempre va a valer la pena.
Lic. en Derecho de ESEN,
con maestría en Políticas Públicas
de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg