Señales no muy alentadoras

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Durante el festival los asistentes disfrutarán una variedad del fruto de la anona. Foto EDH/ archivo

Por Carlos Domínguez

2019-09-01 7:20:42

La corrupción es el abuso de poder para el beneficio propio, según Transparencia Internacional. Se suele afirmar que la corrupción es la manipulación de instituciones y normas de procedimientos en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas.

Instancias internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han reiterado que la corrupción puede ser considerada como un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos en cualquier país. Hay una preocupación muy fuerte por el impacto de prácticas corruptas en el país.

Esto se debe a dos factores concretos: el nivel y el grado de penetración de actos reñidos con el manejo honesto y eficiente de recursos públicos afecta en la disponibilidad, acceso y sobre todo, calidad de bienes y servicios que necesita la población. Basta mencionar el artículo 1 de la Constitución: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

Además del enunciado constitucional, existen tratados internacionales, convenios, leyes e instituciones cuya función es garantizar que la corrupción no carcoma a la administración pública. El Latinobarómetro del año pasado revela datos muy ilustrativos: el 58 % de la población mayor de 18 años en el país percibió que la corrupción aumentó respecto al 2017, mucho o algo.

La encuesta detectó que el 69 % de la muestra fue muy de acuerdo o de acuerdo en que, ante un acto de corrupción, lo mejor es callar. Y cerca del 45 % de los salvadoreños dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con pagar el precio de “cierto grado de corrupción” a cambio de que se solucionen los problemas del país.

El proceso judicial contra dos ex presidentes de la República, la emisión de órdenes de captura contra un tercero, y el proceso contra un ex fiscal podrían ser la base de la sensación de que la corrupción se ha incrementado en el país. La aceptación de prácticas de ese tipo es relacionada a cultura política en la que predominan dos visiones: la gente puede admitir que sea normal robar, pero al menos “resolvió el problema”; lo que muestra la carencia persistente de falta de respuestas.

La otra perspectiva es atribuida a que predomina la cultura de “la viveza”. Para resolver ambas manifestaciones hay que estimular esfuerzos por cambios estructurales en la función pública. Sin embargo, no hay mucho ruido sobre dos sucesos relevantes, que socavan cualquier esfuerzo.

La decisión tomada por varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de no acatar una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, por la que no entregarán informes elaborados por la Sección de Probidad relacionados a sospechas de enriquecimiento ilícito de ex funcionarios es un evidente rechazo a la orden dada a la Corte de Suprema el 30 de julio pasado, y referida a los casos resueltos el año 2018. Tampoco hay avances en cuanto al proyecto de reformas a la Ley de Ética Gubernamental, señales no muy alentadoras.