La democracia nuevamente se tambalea. Y es que no se trata de un concepto abstracto ni de la simple aritmética para la toma de decisiones por la mayoría. La democracia de verdad, además de mecanismo para toma de decisiones, también significa el respeto a los derechos de las minorías, la garantía a los derechos fundamentales de todos, el respeto de la institucionalidad, la separación de poderes, el cumplimiento de las reglas del juego, el derecho a expresar el pensamiento de manera libre, por mencionar algo. Nadie puede autoatribuirse ser “la voz del pueblo”, pues voces hay muchas y todas merecen ser escuchadas.
Uno de los aspectos fundamentales de una democracia constitucional es la existencia de la “justicia constitucional”, representada en nuestro país en una Sala de lo Constitucional, cuyos fallos son de obligatorio cumplimiento. Esta tiene la finalidad de asegurar el ejercicio equilibrado del poder, controlando las facultades y límites de las diversas instituciones del Estado, incluyendo la Presidencia de la República. Estos es así por dos motivos: uno, no pueden existir “zonas exentas de control” que den lugar al desconocimiento de la Constitución por parte de las autoridades que se consideren que no están sujetas de vigilancia. Dos, existe la posibilidad (no lejana) de que funcionarios democráticamente electos quieran subordinar los criterios jurídicos que deben imperar en un Estado de Derecho a objetivos políticos. La democracia se tambalea cuando un presidente abiertamente dice que incumplirá una resolución de la Sala de lo Constitucional.
Con base en la potestad que le otorgan los artículos 174 y 183 de la Constitución y atendiendo a su labor de intérprete último (aunque no único) de la Constitución, en los últimos diez años la Sala de lo Constitucional ha emitido resoluciones y sentencias que han sacudido e incomodado el ámbito político salvadoreño. Los magistrados que conformaron la Sala entre 2009–2018 abrieron el sendero para decisiones difíciles, relativas a temas electorales, presupuestarios y elección de funcionarios. Hoy, los magistrados que pertenecen a la Sala para el periodo 2018 – 2027 tienen el reto de garantizar los derechos humanos en épocas de crisis y preservar los principios de una república democrática.
Los seguimientos de sentencias y plazos para que éstas sean cumplidas es conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Constitución, que faculta a todos los tribunales del país a “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, es decir, verificar que se cumplan sus propias resoluciones.
Los tribunales constitucionales de otros países han ejercido sus facultades de una forma similar a la Sala de lo Constitucional salvadoreña; la Corte Suprema de los EE.UU. otorgó la presidencia del país a Bush frente a Gore; la Corte Constitucional colombiana ha emitido cientos de resoluciones de seguimiento de sentencia en el estado de cosas inconstitucional de las poblaciones desplazadas y prohibió la reelección de Álvaro Uribe para un tercer mandato; la Corte Constitucional de Guatemala declaró inconstitucionales de oficio las normas por las que Serrano Elías promovió un autogolpe de Estado. Estos solo son algunos ejemplos de las labores de las jurisdicciones constitucionales alrededor del mundo.
El papel de los tribunales constitucionales en la democracia ha cambiado en los últimos años. Ellos ya no se limitan a la vieja concepción de ser el “legislador negativo” que anula leyes, sino que tienen un rol más activo en la creación de jurisprudencia, defensa de derechos constitucionales y control del poder político. Con sus diversas resoluciones y sentencias, a pesar que no sean del agrado de muchos, la Sala de lo Constitucional simplemente ha asumido el rol que le corresponde en una democracia. Y sí, hay 5 personas que tienen la última palabra en materia constitucional.
Abogada