Tres son los pilares fundamentales para luchar contra la corrupción: la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Todos los funcionarios públicos indistintamente del método de elección directa o indirecta, debemos sin excepción, predicar con el ejemplo e informar a nuestros conciudadanos lo que hemos hecho en razón del mandato otorgado; ocurre que una vez ya en el cargo, algunos olvidan que ese mandato está en la ley.
El 27 de agosto de 2017, gracias a la voluntad indirecta del pueblo salvadoreño, recibí el honor de ser juramentado como segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República, una institución con rango constitucional y la responsabilidad enorme de garantizar el uso adecuado, racional y eficiente de los recursos públicos, que derive en una mejor calidad de vida de los salvadoreños y el desarrollo de nuestra nación.
A mi llegada junto con mis colegas magistradas, con quienes integro el Organismo de Dirección de la Corte y la Cámara de Segunda Instancia, recuerdo que en la primera reunión analizamos un tema fundamental para el desarrollo institucional, acerca del rumbo que llevaba la institución; valoramos si el mismo era el correcto o no. Concluimos en que era una entidad a la deriva; de ahí que una de nuestras primeras acciones fue realizar un ejercicio democrático interno y de consulta para diseñar el Plan Estratégico 17-21, el cual logramos bajo la asistencia y auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo.
Aprobamos dicho plan trazando el pensamiento estratégico que responde a la Misión de fiscalizar los recursos públicos y contribuir a la transparencia y mejora de la gestión gubernamental; y la Visión de consolidarnos en el organismo de fiscalización moderno y confiable, a través de los 3 objetivos estratégicos. Con apego a ello, ahora vemos una Corte de Cuentas con un modelo de desarrollo institucional definido, una administración planificada y ordenada; activa en su rol fiscalizador preventivo y sancionador, que no deja zonas exentas de control; abierta a la participación de observatorios ciudadanos de manera que se conozca el quehacer de la entidad. También formamos parte de grupos interinstitucionales de combate contra la corrupción como el GTIAC; contamos con un Centro de Investigación y Capacitación rescatado y coherente al fortalecimiento de la competencia técnica en el área de auditoría y jurisdiccional.
Tenemos una Cámara de Segunda Instancia que ha mejorado la función jurisdiccional de manera cuantitativa y cualitativa, capaz de generar el efecto jurisprudencial en el ámbito de fiscalización y educativo de cara a la administración pública. No puedo dejar de mencionar el protagonismo a nivel internacional, de tal manera que en 2019 fuimos los anfitriones de la XXIX Asamblea General de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, lo cual puso en relieve a la institución y al país.
Aun con todos estos avances tenemos claro que no es suficiente, pero se han sentado las bases para la transformación de una entidad sin protagonismo y en la oscuridad, a una institución que ahora está a la vista del público; la hemos convertido en una institución activa, transparente y abierta a la población.
Ahora las organizaciones de la sociedad civil ya hablan del importante rol fiscalizador de la CCR en el combate a la corrupción; los periodistas y medios de comunicación ya buscan y encuentran con mayor frecuencia a los magistrados de esta Corte de Cuentas, para elaborar sus notas informativas. Hemos visto un aumento considerable de ciudadanos que acuden con sus denuncias a nuestra institución, lo que refleja una mayor confianza en esta entidad fiscalizadora.
Los ciudadanos tienen la oportunidad de consolidar una Corte de Cuentas cada vez más fuerte e independiente, con carácter y capaz de controlar cualquier estamento del Estado; que sea la férrea guardiana de los dineros que son de los salvadoreños y para los salvadoreños.
Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República.