Las personas honradas saben que al manejar dinero ajeno, es obligación el rendir cuentas de cómo se han manejado los recursos justificándolo mediante documentos que demuestren el buen uso de los fondos para el fin con que se otorgaron. Cuentas claras y amistades largas, dice el dicho.
Pero cuando estos recursos son cuantiosos, la transparencia en el manejo de los mismos es una obligación consignada en la Constitución de la República, que además prohíbe que personas con relaciones de parentesco con funcionarios públicos realicen obras del gobierno, porque incurrirían en el delito del nepotismo.
Pero para NI lo anterior es papel mojado, que no vale la pena considerar. Que el dinero alcanza cuando no se roba, era una mentira que ya se conocía desde que Bukele era alcalde de San Salvador, siendo la consigna del partido favorecer a su círculo de secuaces, que mediante la adulación se han ganado ese derecho, aunque carezcan de la capacidad académica y técnica y la honradez que el cargo demanda.
Este gobierno será recordado por muchas generaciones, y a nivel internacional, por la grosera demostración de fuerza realizada el 9F al militarizar las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Este bochornoso acto lo justificó el mandatario como necesario para presionar a los legisladores a ratificar más préstamos acusándolos de no poder hacer frente a la pandemia haciéndolos responsables de la muerte de tantos salvadoreños. Pero él y sus ministros se niegan a rendir cuentas de los millones que se les han otorgado.
Triste espectáculo que presentaron los ministros que, según mandato constitucional, debieron leer una memoria de labores realizadas durante su primer año de mandato ante la Asamblea Legislativa. Se negaron a seguir el protocolo establecido, de entregar personalmente el informe, lo que redundó en gritos prepotentes y exigencias, destacando una empleada de CAPRES ofendida porque no se le nombró como funcionaria. Y lo más cuestionado fue el pobre contenido de los informes que constituía una alabanza a su excelencia, y una serie de logros inexistentes, sin que se revelara el destino de los muchos millones que maneja cada una de las carteras del estado.
La pandemia ha sido una oportunidad de oro para que los funcionarios de NI se compongan, con acciones totalmente reñidas con la decencia, y que van contra la Ley de Ética Gubernamental y la Constitución. La venta de equipo médico ha sido el negocio que ha permitido lucrarse a las familias de varios funcionarios. Cuando se descubrió a Koki Aguilar, por ser el primero, Bukele reaccionó desgarrando sus vestiduras con indignación, y lo destituyó de inmediato. Pero se hubiera quedado sin gabinete cuando Alabí, Zelaya Villalobo, nuevo Ministro de Hacienda, el diputado Escalante fueron descubiertos en hechos semejantes. Y que las familias de muchos se han visto beneficiadas con contratos millonarios de parte del Estado y puestos dentro del aparato estatal: Osiris Luna, la Comisionada Recinos, el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, favorecido con contratos de ANDA y otros desde que formaba parte del equipo de Bukele en la Alcaldía de San Salvador. Y la renuencia del Ministro de Agricultura de explicar el uso de $250 millones con compras con sobreprecio a empresas mexicanas.
La lista es larga, y cada día se percibe más opacidad especialmente cuando el Gobierno decide gestionar la cooperación internacional mediante una agencia (ESCO) que depende exclusivamente de los lineamientos del Presidente de la República, quien gestionará también las becas de estudio otorgadas por los países cooperantes. Aunque únicamente han transcurrido 14 meses desde el inicio de este gobierno, ya podríamos empezar a exigir que devuelvan lo robado y cumplan con el deber de rendir cuentas.
Maestra.