Duele el corazón de cualquier salvadoreño con un mínimo sentido de humanidad y amor al prójimo, contemplar el triste espectáculo que a diario se presenta en las afueras de Mariona, del Penal de Izalco y de la Cárcel de Mujeres, cortesía del gobierno de Nayib Bukele y sus serviles funcionarios, que además se jactan de estar prestando un servicio a la población con el período de excepción, y que será por tiempo indefinido, hasta que logren poner tras las rejas a los 70,000 pandilleros.
Son cientos de angustiadas personas buscando desesperadas a padres, hermanos, hijos y otros seres queridos, que para cumplir la cuota impuesta por las autoridades deben ser capturados diariamente, sin que haya un motivo que justifique la detención. Y a diario, el mandatario publica con orgullo, que tiene ya 30,000 pandilleros terroristas detenidos, humillando con este calificativo a honrados trabajadores, jóvenes universitarios, amas de casa, sindicalistas y cualquiera que iba pasando sin necesidad de tener una acusación formal.
Cientos de personas llegan a diario a preguntar humildemente y con angustia, por el paradero de sus parientes, intentando enviarles medicinas, gastando lo que no tienen en comida, el kit obligatorio y lo que sea, con la esperanza de que al caer la tarde, tengan la suerte de escuchar que la persona querida, sería puesto en libertad, pues diariamente solo liberan entre 5 y 8 de los miles de detenidos. Muchos, imposibilitados de estar pagando transporte desde sus lugares de origen, han optado por quedarse a pernoctar allí, durmiendo en el suelo, aguantado sol y lluvia, comiendo mal y pidiendo dinero prestado al vecino, que está compartiendo su angustia.
Si esto fuera poco y para hacer más dramático el cuadro, las autoridades carcelarias se dan el lujo de responder de manera grosera a las preguntas y a la información que les solicitan. “Si siguen preguntando, también a ustedes los vamos a capturar” “Ya les dije que se apartaran al otro lado de la calle” “Ya no va a salir nadie” y en ocasiones hasta con palabras soeces, haciendo gala de la prepotencia imperante en este gobierno dictatorial.
Pero a la par de esta tragedia y presumiendo del éxito de un Plan Territorial desconocido por inexistente, para librar al país de la amenaza de las pandillas, Bukele y sus dóciles funcionarios, amparados en actos que riñen con la ética y con la Constitución, se han negado a extraditar a pandilleros que exige la justicia de los Estados Unidos, por haber cometido serios delitos en ese país. Las excusas para proteger a esos angelitos de las ingratitudes del sistema carcelario de USA denotan la falta de honradez y sentido de la justicia de los funcionarios, en su afán de complacer al jefe.
Esta semana se ha hecho pública la investigación de El Faro, que saca a la luz que el baño de sangre de marzo, en que 87 salvadoreños fueron víctima de la falta de cumplimiento del gobierno de Bukele al pacto concertado con esos grupos delincuenciales, lo que ha traído como consecuencia el estado de excepción. No pueden los funcionarios desmentir ni acusar a El Faro de falsedad, ya que las pruebas de grabaciones entre el funcionario responsable y los cabecillas hablan por sí solas. Increíbles las facilidades que les han dado a esos criminales, sacándolos hacia Guatemala y facilitándoles transporte en vehículos oficiales.
No en balde Bukele y sus servidores satanizan la labor de la prensa y además de calumniarlos y amenazarlos, impiden que realicen su labor de informar al pueblo. Por la boca muere el pez, dicen los que recuerdan que al inicio de su mandato, Bukele calificó de “malditos, una y mil veces a los que pactaron con las pandillas”.