El gobierno salvadoreño: una alucinación fascista

PUESIESQUE…la realidad nos demuestra que el proyecto fascista que se impulsa desde Casa Presidencial (CAPRES) y se ejecuta por sus secuaces y sus servidores, como ministros, diputados, magistrados y jueces, policías, soldados y voceros, se está consolidando.

Y es que, ante la condenable, demencial y triste tragedia nacional del fin de semana antepasado, cuando las pandillas actuaron a su antojo, asesinando a más de ochenta compatriotas, el gobierno salvadoreño recurrió a profundizar las herramientas de control social, tanto en la realidad como en el discurso.

Como ese sangriento fin de semana mostró el poder de las pandillas, al quedar evidenciado que el tan cacaraqueado Plan de Control Territorial es en esencia un producto propagandístico, sin efectividad real, el gobierno salvadoreño optó por mostrar toda su podredumbre moral y su precariedad mental, incluso publicitando su propia maldad.

Pasemos lista a las acciones del gobierno salvadoreño frente a la repudiable alza en homicidios:

• Suspensión de al menos diez derechos constitucionales (previstos en cuatro disposiciones de la Constitución), entre ellos, el derecho de reunión, el derecho a ser informado de las razones de una detención, el derecho a contar con defensor y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones (acoto que, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, que El Salvador firmó y se obligó a cumplir, algunos de esos derechos no pueden ser suspendidos, ni siquiera en un régimen de excepción).
• Aunque sin soporte legal, incremento del plazo de la detención administrativa, de setenta y dos horas a quince días, que se está ejecutando en términos que la CIDH ya ha declarado violatorios de derechos humanos.
• Aumento de penas penales, inclusive incremento de penas a niños y adolescentes, en frontal violación de la Constitución, de tratados internacionales y de jurisprudencia constitucional nacional, que dispuso, desde 1997, la obligatoriedad de la diferenciación del tratamiento punitivo contra menores de edad, y que debía estar regido por el interés superior del niño.
• Creación de jueces sin rostro, de identidad secreta o reservada, intentando dar soporte legal a decisión de la Corte Suprema de Justicia, que se negó a informar sobre los nombramientos de nuevos jueces y magistrados: cabe aclarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado, desde hace ya rato, que la figura de jueces sin rostro es violatoria del derecho a la defensa, del derecho a un juez imparcial e independiente y del debido proceso.
• Eliminación de límite temporal de la detención provisional, por lo que una persona podrá estar detenida indefinidamente.
• En la práctica, violación de derechos constitucionales que no están jurídicamente suspendidos, como el derecho de movilidad (vulnerado por cercos militares) o el derecho a la inviolabilidad de la morada (transgredido por el ingreso ilegítimo, sin orden judicial, a viviendas en comunidades vulnerables y colonias populosas).
• También en la práctica, sin base ni siquiera en el régimen de excepción, capturas masivas sin órdenes judiciales (posiblemente, ni siquiera sin orden de la Fiscalía General de la República).
• Un discurso -por el Presidente de la República y sus acólitos- promotor de la violencia y de la deshumanización, al extremo que se emiten mensajes de burla sobre eventuales cadáveres, se divulgan -directa o indirectamente- cuentas de Twitter que publican videos que muestran abusos policiales o hasta torturas.

Con esas herramientas, ahora resulta, entonces, que alguien puede ser detenido sin informarle las causas de su detención y sin derecho a defensor, permanecer detenido por quince días, después enviarlo a un juez sin rostro, sin derecho a cuestionar las supuestas pruebas en su contra, sin límite de plazo para la detención provisional: en resumen, alguien podrá estar preso por años, prácticamente sin saber cuál es la causa de la prisión, sometido a un juez secreto: a efectos prácticos, eso significa que El Salvador está retrocediendo décadas en su desarrollo jurídico, político y social, casi un retorno a la Inquisición.

Todas esas acciones del régimen autoritario que predomina en el país nos demuestran que se está en camino de la expansión y consolidación de un sistema fascista en El Salvador.

Con la expresión “fascista” me refiero a la ideología ultraconservadora que niega la democracia y, en el caso salvadoreño, se funda en el culto a la personalidad de un líder mesiánico, que incluso llegan a la alucinación de identificarlo con el personaje de un comic y de película: ¡vaya precariedad mental de los acólitos y seguidores del régimen autocrático que desgobierna en El Salvador!

Abogado constitucionalista.