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Absolutismo en El Salvador

El ABSOLUTISMO, las arbitrariedades, la arrogancia se encuentran por encima de la legalidad, teniendo franco el camino para hacer y deshacer la vida de miles de salvadoreños por medio de su régimen excepcional a través del cual busca legitimarse por sí mismo en el poder e instaurarse como autoridad única o absoluta a la que todo mundo le tendrá la obediencia debida sin poder discutirla o debatirla.

Por Oscar Ramón Rosales Meléndez
Abogado

Los actos del presidente Bukele muestran el verdadero rostro del tipo de régimen, según él, para solucionar la grave crisis en que a caído el país. La idea del presidente al parecer estriba en la posibilidad de que es el único e indispensable para sacar el país del agujero en que nos ha metido y que el autoritarismo administrado bajo figura de poder absoluto es la salida más adecuada para asegurar la permanencia indefinida en el poder. Esta situación parece repetir el periodo dictatorial de Maximiliano Hernández Martínez, diciembre de 1931 a mayo de 1944, cuando tuvo que dejar el poder por la presión popular o la acción de la huelga de brazos caídos impulsada múltiples sectores sociales del país.

La configuración e implementación del estado de excepción como régimen es una medida que abre la brecha para andar el camino de un régimen autoritario de corte absolutista, donde las instituciones y los ciudadanos solo están obligados a aceptar las órdenes y no deliberar en su contra, porque de hacerlo ya estarán condenados a la persecución policial, tortura, cárcel, muerte, y si escapa, al exilio o destierro, situaciones prohibidas por el derecho interno e internacional humanitario.

Confiar de manera absoluta la decisión de declarar una emergencia al mismo gobierno que se beneficia de las facultades extraordinarias mediante la declaración del régimen de excepción, resulta por sí solo altamente peligroso.
Lo anterior indica en realidad la autorización para suspender el ejercicio de los derechos humanos a su sola voluntad, bastando a tal efecto la declaración del presidente Bukele de que existe o persiste la amenaza y que, por tanto, es justificable la continuidad de la medida excepcional.

Es de resaltar que el Estado no es totalmente autónomo para decidir en qué momento existe la emergencia que amenaza la vida de la Nación.

De ponerse en práctica la institucionalización de este tipo de régimen la visión democrática, la vida política, económica y social del país quedará ensombrecida drásticamente y a merced de un régimen policiaco y militarista que cumplirá la función de controles sociales en detrimento de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Por otra parte, se observa la utilización de la doctrina mal llamada Seguridad Nacional, al señalar a sus enemigos internos, esto indica que se refiere a los sectores sociales organizados, que no comulgan con su política autoritaria emprendida denominado régimen de excepción.

Ahora en el siglo XXI el presidente Bukele importa al país un modelo de régimen absolutista que si bien no está legitimado, pero sí legalizado, ya ha generados terribles estragos en la vida de miles de familias salvadoreñas y, por consiguiente, las víctimas de las capturas y encarcelamiento arbitrarios.

El derecho de existir libre de la violencia institucional es un anhelo humano, por lo que respetarlo y garantizarlo es responsabilidad del régimen de gobierno; vigilar que los cumplan es obligación moral de las organismos dedicados a esa labor, los cuales también están obligados a proteger y a asegurar que las actividades que se realicen sean con las garantías necesarias de seguridad.

El desenfreno provocado y observado durante los ya diez meses de régimen inhumano autoritario son significativos y merecen especial atención precisamente en materia de derechos. Desde su llegada al poder tuvo en sus manos la decisión para iniciar la persecución del delito con los instrumentos procesales al alcance y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? es una pregunta que deberá en algún momento responder.

Los cuestionamientos y señalamientos no han sido suficientes para aclarar los hechos de violaciones a los derechos humanos de las víctimas inocentes de la represión gubernamental.

El ABSOLUTISMO en una sociedad democrática no es aceptable. Este sistema lo ejercieron las monarquías absolutistas en la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XXI y El Salvador no ha sido la excepción. Las dictaduras militares ejercieron la soberanía política absoluta, de la voluntad popular a la voluntad unipersonal; ahora el presidente Bukele la asume como un todo y se puede afirmar que el país va en tránsito a ese tipo de sistema de gobierno.

La Constitución de la República nos dice en el artículo 84 que El Salvador es un Estado Soberano, que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. El artículo 85 nos dice que el Gobierno es republicano, democrático y representativo, contrario a la existencia de un partido único o gobierno unipersonal de carácter oficial, incompatible con el sistema democrático y con la forma establecida en la Constitución. El artículo 86 de la Constitución nos dice que el poder público emana del pueblo, los órganos de gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Asimismo no señala que las atribuciones de los órganos de gobierno son indelegables, pero que éstos colaborarán entre sí.

Se observa un desequilibrio en el ejercicio de dichas funciones, pues no existen los controles necesarios por cada uno de ellos en regular las decisiones del presidente, y al no existir los contrapesos es factible decir que el Estado va en marcha a una dictadura que pudiera producir daños irreparables a la población y a la misma institucionalidad de la Nación.

Se puede decir que las llaves están rotas o quebradas y que el ABSOLUTISMO, las arbitrariedades, la arrogancia se encuentran por encima de la legalidad, teniendo franco el camino para hacer y deshacer la vida de miles de salvadoreños por medio de su régimen excepcional a través del cual busca legitimarse por sí mismo en el poder e instaurarse como autoridad única o absoluta a la que todo mundo le tendrá la obediencia debida sin poder discutirla o debatirla.

Un tipo de gobierno de corte monárquico absolutista es incompatible con el Estado de derecho. Este último protege en alguna medida los derechos individuales y colectivos, las garantías judiciales y el debido proceso están al servicio de quienes son partes en un proceso, lo que se ve diezmado ahora por un Estado excepcional que pretende desconocer o deslegitmar las acciones legales y judiciales encaminadas a la defensa de los agraviados por el régimen actual, demostrando el desprecio no solo a la institucionalidad sino también a la integridad física, mental y moral de las personas injustamente en prisión.

Abogado.

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