Patrones en redes oficialistas

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Foto de referencia / Archivo / AFP.

Por Carlos Ponce

2020-03-11 7:25:13

El contenido digital que consumimos, particularmente en redes sociales, contribuye a crear nuestra percepción de la realidad. En criminología, el análisis de interacciones virtuales ha permitido refinar premisas teóricas y entender mejor el delito. Por lo tanto, decidí incluir un módulo sobre el tema en una materia que impartiré en los próximos meses sobre el nexo entre la tecnología y la conducta criminal.

La intención es que mis estudiantes realicen la relevancia de las redes sociales para nuestra disciplina y, además, aprendan técnicas básicas para estudiarlas. Estoy preparándoles ejercicios con data sobre El Salvador para que practiquen. Durante el procesamiento de esta información, noté patrones en el uso de cuentas asociadas con el gobierno que merecen discutirse.

Considerando que a raíz del 9F, instituciones públicas y funcionarios salvadoreños posicionaron a la delincuencia como tema de discusión en Twitter, pensé que sería interesante que mis estudiantes examinaran sus interacciones digitales durante febrero. Identifiqué 20 cuentas oficiales de instituciones públicas y 24 cuentas personales usadas por funcionarios gubernamentales.
Me llamó la atención que los dos tipos de cuenta tuviesen prácticamente el mismo nivel de actividad.

Las cuentas institucionales tuitearon 8,301 mensajes y las cuentas personales 8,033. Aunque esto me pareció extraño, pensé que la diferencia podría estar en las horas en que cada tipo de cuenta tuitea. El uso que se le da a estas cuentas es, en teoría, distinto. Lo lógico sería que las cuentas institucionales tuitearan más en horas laborales y, las personales, en horas no laborales. Esto no es así. Tienen un patrón de uso similar. Ambos tipos de cuenta, por ejemplo, casi no tuitean por las mañanas. El grueso de su actividad empieza desde el mediodía y continúa durante la tarde, noche y madrugada, hasta las 5:00 a.m.

Adicionalmente todas las cuentas están más activas en días laborales, de lunes a sábado.
Resulta poco probable que, por lo demandante de sus puestos, los funcionarios se dediquen a tuitear toda la tarde, noche y madrugada desde sus cuentas personales de lunes a sábado. La alternativa más lógica es que compartan su administración con community managers. El elevado nivel de actividad de algunas cuentas personales es consistente con esta hipótesis. Por ejemplo, la cuenta de Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, tuiteó 1,377 mensajes en febrero, es decir, aproximadamente 48 mensajes diarios.

Además, al desagregar los tuíts por tipo de mensaje, se observa un claro complemento entre las cuentas institucionales y personales. Las primeras introducen contenido original y las segundas lo magnifican. Específicamente, el 77% de los mensajes tuiteados desde cuentas personales son retuíts (es decir, reenvíos de mensajes subidos desde otras cuentas), mientras que solo 17% de los mensajes de cuentas institucionales son retuíts. Este encadenamiento de funciones y la coincidencia en patrones de actividad sugiere que las cuentas personales son parte de una estrategia comunicacional y, por lo tanto, hace sentido que su uso se comparta con especialistas.

Si las cuentas personales no son propiedad del Estado, es importante plantearse varias preguntas, entre ellas: ¿Quién paga por su administración profesional? El objetivo de los community managers es incrementar el número de seguidores y maximizar la influencia de las cuentas que manejan.

Una vez esas cuentas se hacen populares, pueden usarse para vender lo que sea, incluyendo mensajes políticos ¿Está la ciudadanía, entonces, financiando inadvertidamente campañas políticas a través de sus impuestos? ¿Qué tan común es esta práctica entre los políticos? ¿Los funcionarios de otros partidos también tienen community managers que manejan sus cuentas personales? ¿Es honesto o transparente hacer creer a los salvadoreños que los funcionarios personalmente envían mensajes desde esas cuentas?

Es necesario investigar más a fondo este tipo de práctica desde el periodismo y la academia, discutir ampliamente sus implicaciones éticas y tomar decisiones al respecto.