Hay una cantidad de instituciones y leyes destinadas a la protección de la niñez y la adolescencia, cuyo objetivo es apoyar a esa población indefensa y vulnerable, que necesita de un ambiente destinado a cuidar de su formación y educación, para lograr un desarrollo armonioso, que les permita convertirse en ciudadanos útiles para la sociedad.
La familia sería la primera institución destinada a dar el ambiente ideal para que los niños se desarrollen, aprendan virtudes de convivencia y con el apoyo de la escuela logren una formación integral. Pero tristemente, esos dos ambientes donde transcurren sus primeros años se convierten en los enemigos más peligrosos para la inocencia de esas criaturas. Muy pocos crecen en familias constituidas por un padre, una madre y sus hermanitos y cuando la madre cambia de pareja, por las condiciones de promiscuidad en que habitan, no es extraño que el padrastro y muchas veces el padre biológico, lejos de cumplir con su deber, se convierten en el monstruo que abusa de las niñas de manera constante y las convierte en madres en una edad en que deberían estar jugando con muñecas o estudiando.
Más triste considerar las escuelas como lugares de peligro, pues abundan los casos en que los maestros, olvidando su sagrada vocación, se aprovechan de la autoridad de su cargo para convertir a sus alumnos en víctimas inocentes de sus bastardas pasiones. Y son tan pocos los casos que se denuncian, por temor o ignorancia, que los condenados por tales crímenes son un porcentaje muy bajo comparado con el número de abusos cometidos.
Un ejemplo doloroso que ha golpeado recientemente a la sociedad es el caso del magistrado Escalante, que se permitió manosear a una niña de 10 años en sus partes íntimas. Y que luego de haber sido desaforado por la Asamblea y presentado a los tribunales, dos jueces acordaron que el hecho no constituye delito, sino más bien una falta y probablemente el magistrado quede en libertad. Los argumentos esgrimidos por los jueces para justificar al magistrado son tan ofensivos para el pudor y la dignidad de cualquier persona, que han generado la justa indignación de la sociedad.
Que si el tocamiento fue sobre la ropa, que si fue a la luz del día, que si no había aglomeración, que si no estaban solos, que si no hubo penetración. Humillante y vergonzoso sacar a la luz todos esos detalles, aunque los abogados especialistas hayan explicado que, aunque no la comparten, la interpretación fue apegada a derecho. Los ciudadanos nos preguntamos: ¿Qué hacía el magistrado en esa colonia si no era su zona de habitación? ¿Estaba sobrio y por lo tanto el tocamiento lo realizó con premeditación, alevosía y ventaja? ¿No le importó la presencia de otro niño, ni la de la madre de la menor, que incluso corrió tras él? ¿Y el hecho de que un adulto, funcionario público, con la instrucción y la moralidad notorias exigidas para desempeñarse como tal, se propase con una menor de edad que no tiene la capacidad de defenderse?
Pareciera que la justicia favorece al magistrado olvidando los derechos de la niña, y ¿si en lugar de ser un funcionario público, el hechor hubiera sido un marero o un salvadoreño común y corriente, también el tocamiento hubiera sido considerado como falta? Tristemente, mientras no se tomen serias medidas para reforzar la familia, nuestra niñez seguirá indefensa ante los ataques de esas bestias, con ropaje de hombres. Al magistrado aplica la dura sentencia de Cristo: “El que escandalizare a uno de estos niños, más le valiera amarrarse al cuello una piedra y tirarse al fondo del mar”.
Maestra.