Las leyes tienen como fin normar la conducta de los ciudadanos y permitir una convivencia sana, segura y productiva. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, a diferencia de los funcionarios que sólo les es permitido hacer lo que la ley les faculta. En nuestro sistema legal las prohibiciones están claramente establecidas en los códigos. La justicia debe impartirse igual para todos y es satisfecha cuando el culpable es castigado y cuando el inocente es protegido.
No hay peor injusticia que castigar a una persona inocente, incluso es preferible que un culpable se libre del castigo a que un inocente sea castigado. Este principio es la base de la presunción de inocencia que indica que toda persona se presume inocente mientras no sea oído y vencido en juicio. No es la defensa o el acusado quienes deben probar la inocencia pues ésta se presume, es la parte acusadora la que debe probar la culpabilidad. Por supuesto que en un juicio los defensores presentan pruebas de descargo, pero sigue siendo la parte acusadora la que tiene la responsabilidad de demostrar que un ilícito fue cometido.
Estos son principios básicos del Derecho, de las garantías que todo ciudadano debería gozar. No es necesario ser abogado para conocerlas y entenderlas y es hasta un deber cívico tenerlas claras. Pero a veces hasta los que tienen la obligación profesional y moral de conocer estos principios y de apegarse a ellos las desconocen o conociéndolas las ignoran. Los fiscales son parte muy importante de todo sistema de administración de justicia, su función es proteger a la sociedad de delincuentes y criminales y brindar justicia a las víctimas. Cuando su papel es realizado correctamente los ciudadanos se benefician y gozan de tranquilidad. Cuando no se entiende bien, se ignora o se desestima los ciudadanos están en riesgo y la justicia no se cumple.
El primer deber profesional de los fiscales es estudiar bien los casos que les llegan. Aunque en nuestro medio esto es con frecuencia difícil por la gran cantidad de casos en que deben participar no se excluye la responsabilidad. Si en el estudio e investigación de un caso el fiscal llega a conocer y a tener la convicción de que el acusado no es culpable tiene la obligación profesional y ética de desestimar el proceso y facilitar la exoneración del cargo. Pero cuántas veces los acusadores no se toman el tiempo de realizar un buen estudio de los casos, de tratar de conocer un poco de los acusados, de considerar todos los factores. No son raras las veces que los acusadores actúan como si su mandato fuera buscar por todos los medios el castigo sin importar si existe culpabilidad o no. Se actúa como si se tratara de una competencia entre acusadores en la cual el que castiga o encarcela a más acusados es el mejor. Esto es una deformación profesional y equivaldría a que un médico intencionalmente provocara o mantuviera una enfermedad en un paciente. No es cierto que la función de acusador es lograr condenas, su función es ayudar a que la justicia sea servida. A los fiscales, especialmente a los jóvenes, hay que recordarles que es muy difícil llevar en la conciencia una injusticia como la de una persona que esté pagando por un delito que no cometió. Es algo que pesa toda la vida.
Médico Psiquiatra.