¿Indecisos, temerosos y cómplices?

Los rasgos más significativos que se recordarán de la gestión Bukele en el hervor de la pandemia serán el incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la amenaza de “fusilar” a los magistrados que integran esa instancia, la incapacidad de construir acuerdos políticos, la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, el reiterado acoso a periodistas y medios de comunicación, la ausencia de interacción con médicos especialistas independientes y con el Colegio Médico, la ausencia de un plan concreto para la reapertura económica, la improvisación y la arbitrariedad.

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ANDA comenzó los trabajos de perforación de un pozo en la colonia Altavista, sector que le corresponde a Tonacatepeque; pero sin tener permiso municipal. Fiue hasta después que pidieron la autorización y la alcaldía se la otorgó con condiciones. Foto EDH / Omar Portillo

Por Luis Mario Rodríguez R.

2020-08-12 8:41:57

Cuando en el futuro se indague sobre el primer cuarto de siglo de la historia salvadoreña, el 2020 será un año de obligatoria referencia. Los efectos de la pandemia en los ámbitos económico, social y democrático presentarán diferentes dimensiones.

En el caso particular de El Salvador se pondrá atención en dos hechos concretos: la militarización de la Asamblea Legislativa, ocurrida el 9 de febrero, y las amenazas a la estabilidad del sistema político durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Los rasgos más significativos que se recordarán de la gestión Bukele en el hervor de la pandemia serán el incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la amenaza de “fusilar” a los magistrados que integran esa instancia, la incapacidad de construir acuerdos políticos, la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, el reiterado acoso a periodistas y medios de comunicación, la ausencia de interacción con médicos especialistas independientes y con el Colegio Médico, la ausencia de un plan concreto para la reapertura económica, la improvisación y la arbitrariedad.

Un mes antes de iniciar la cuarentena obligatoria, el Jefe de Estado protagonizó la toma militar del hemiciclo legislativo y la usurpación de funciones al abrir una sesión solemne de la Asamblea Legislativa. Además, efectivos policiales intimidaron a algunos diputados en sus domicilios para obligarlos a asistir a una sesión plenaria convocada ilegalmente por el Consejo de Ministros, según el fallo dictado por la Sala a petición de unos particulares.

Los organismos públicos de control conforman otro conjunto de actores relevantes a examinar. A cada uno se le evaluará tomando en cuenta las atribuciones que le asignan la Constitución y la ley. Al revisar en retrospectiva este aspecto, se observará la eficiencia —o incapacidad— del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas de la República, la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Fiscalía General de la República.

La oportunidad de sus resoluciones, la imparcialidad de las investigaciones, la apertura de los titulares ante la crítica y la firmeza con la que estos últimos encaren las difíciles decisiones que deban tomar marcará, de por vida, los juicios de valor a su favor o en su contra. Solo habrá dos escenarios: calificarlos como defensores de la democracia o acusarlos de cómplices del oficialismo. Una tercera posibilidad será la de describirlos como timoratos, es decir, indecisos, temerosos, asustadizos. Su silencio y sus blandas intervenciones se interpretarán como respaldo al régimen autoritario.

Por otro lado, se escudriñará la labor de los medios de comunicación. Se rememorará su auditoría objetiva y al mismo tiempo crítica sobre la conducta de los funcionarios. La historia registrará las represalias del gobierno en términos de recorte de la pauta publicitaria, las difamaciones e injurias hacia los periodistas y la instrumentalización de las instituciones para acosar a los medios con investigaciones injustificadas.

El desempeño de la sociedad civil organizada también será sometido a escrutinio. Su insistencia por conservar incólume los principios del republicanismo y su afán por defender el derecho de los ciudadanos de acceder a información pública serán bien valorados. Una práctica en sentido contrario será censurable. El mismo reproche se hará a editorialistas, líderes de opinión, centros de pensamiento, universidades y gremios de abogados por mantener una postura indiferente.

La comunidad y la prensa internacional constituirán otro de los focos de atención. Se reconocerá el interés y la pertinencia de sus intervenciones. Con excepción de la OEA y del bochornoso papel de su secretario general, Luis Almagro, para quien los reclamos en contra de la tendencia autoritaria del presidente son “voces recurrentemente histéricas”, el resto de entidades ha cumplido con creces su función de promover el fortalecimiento de la democracia y la de evidenciar los riesgos que encaró el país el 9 de febrero y en los tiempos de pandemia.

Otra reflexión histórica indagará acerca del trabajo de la Asamblea Legislativa en el marco del COVID-19. La oposición política acompañó la mayoría de iniciativas presidenciales, suspendió garantías constitucionales, aprobó cuarentenas obligatorias, otorgó la autorización al Ejecutivo para negociar más de $2000 millones en préstamos internacionales y aceptó las propuestas presidenciales para paliar los efectos económicos y sociales del confinamiento obligatorio y del cierre temporal de las empresas. La Asamblea veló por el retorno de los “varados”, por la protección del personal sanitario otorgándoles un seguro de vida y por los derechos humanos de los ciudadanos que fueron sometidos a vejaciones por la interpretación arbitraria de la Constitución por el mandatario y sus asesores.

Los relatos, las crónicas y las memorias asentarán con precisión los episodios contrarios al Estado de derecho y aquellos en los que se reclamó sin fatiga su restablecimiento.

 

Doctor en Derecho y politólogo