Aparentemente es hora de ir pasando de la teoría a la acción…; la propuesta de política nacional de educación superior de El Salvador del Pacto Multisectorial, con el apoyo de la agencia USAID luego de ejecutar el proyecto “Educación Superior para el crecimiento económico” ya va a cumplir seis años, y todavía estamos en discusiones, mientras los datos no cambian y el tiempo pasa.
La Dirección Nacional de Educación Superior ya está cumpliendo su parte, y este año, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha comenzado a ensamblar un paquete de proyectos importantes relacionados a la Ley de Educación Superior, nuevo sistema de Acreditación, herramientas de innovación, becas, internacionalización, aceleradoras e incubadoras de startup universitarias, entre otros aspectos.
Si se recuerdan, el debate surgió sobre la necesidad responder a dos grandes variables: 1) las tendencias globales, pautadas por al menos tres fenómenos: a) la internacionalización, b) los cambios tecnológicos y c) la contribución de la universidad al desarrollo de las naciones; y 2) los problemas y desafíos que viven las Instituciones de Educación Superior (IES) en cuanto al desarrollo científico y tecnológico, a su calidad, cobertura y eficiencia, y en relación con las brechas de este nivel educativo.
El objetivo de la política fue: Transformar el Sistema Nacional de Educación Superior en un promotor del desarrollo nacional, con base en una visión y planificación de país que promueva ciudadanía, equidad, productividad, innovación y desarrollo científico. Logrando así, una sociedad del conocimiento comprometida con el bien común y la excelencia, que asegure la legitimidad de la institucionalidad y la disponibilidad de los recursos, para el logro de los fines que promueve.
Para lograr este desafío la política se centró en cinco ejes:
• Estructura del sistema: gobernanza, financiamiento e internacionalización.
• Funciones de la educación superior y su articulación: investigación, docencia y proyección social.
• Calidad: acreditación, aseguramiento y pertinencia.
• Accesibilidad, permanencia y eficiencia: financiamiento, accesibilidad, cobertura, permanencia y orientación vocacional.
• Desarrollo profesional académico: roles y categorías, planes de carrera, sistemas de incentivos por méritos, evaluación, rol del Estado y profesionalización docente.
La visión de la política fue definida en los siguientes términos: “Aspiramos a un Sistema Nacional de Educación Superior dinámico y flexible, que contribuya al desarrollo humano, inclusivo y sostenible, capaz de responder a los retos y a las oportunidades locales e internacionales, comprometido con la docencia, la investigación e innovación y la proyección social, desde los principios fundamentales de la equidad, la justicia social, la paz y el bien común. Una educación superior que, con altos estándares de calidad y con alto nivel científico y tecnológico, tenga capacidad de generar conocimiento y pensamiento crítico para impulsar el desarrollo económico, social y cultural, así como la formación de ciudadanos competentes, responsables y éticos”.
En este contexto, mientras se ajustan los aspectos legales y sistémicos, cada universidad podría avanzar tomando algunas medidas concretas para mejorar la calidad e instalar la política en sus centros de estudios, en al menos tres áreas concretas:
1.- Revisar y fortalecer el presupuesto de investigación, considerando un porcentaje para la inversión en laboratorios y equipos (no sólo suma de salarios); al menos, una vez al año, algo debería mejorar en las líneas de investigación, en la contratación de investigadores jóvenes con maestría y doctorado y en el equipamiento.
2.- Iniciar el proceso migratorio de la planta docente hacia un modelo de mejor calidad y dignificado; todos los que enseñan en pregrado deberían tener el grado de Maestría; por lo menos crear la línea de base, medir la brecha y diseñar un plan progresivo de contratación.
3.- Comenzar a diseñar las carreras y programas del futuro inmediato -transformación digital- con una nueva arquitectura; las materias deben ser, cada una, certificaciones; cada semestre o año debe poseer salidas de habilitación laboral; sin prerrequisitos innecesarios. Piensen ya en créditos y dialoguen con los sectores empresariales para decidir cuáles son las necesidades formativas (no olviden el idioma inglés).
Obviamente, casi todas las decisiones de “calidad educativa” tienen costos; nos imaginamos, por ejemplo, que muchos de los hijos de Rectores, Decanos y Directores, a modo de ejemplo, han ido a estudiar a colegios bilingües o privados prestigiosos, e inclusive, algunos han culminado sus estudios superiores en Estados Unidos o Europa; y a pesar de ser mucho más costoso, es una inversión. Efectivamente, la calidad tiene su costo.
También la Universidad de El Salvador (UES) debería revisar su equipaje; pese a las limitantes presupuestarias tradicionales, la Ley Orgánica de la UES debería responder a los retos de transformación digital que vive la sociedad. Quizá con un plan estratégico bien diseñado las autoridades de la UES se pueden sentar con el gobierno a negociar un buen presupuesto. Probablemente hasta podrían solicitar el nuevo Hospital El Salvador como un centro de especialidades médicas…
Ninguna reforma o transformación educativa honesta y seria se diseña y ejecuta en la comodidad del quehacer cotidiano; los cambios verdaderos requieren riesgos, sacrificios y audacia. Si seguimos haciendo lo mismo nada se va a modificar; y para renovar y adecuar nuestro sistema a los grandes desafíos de transformación digital que vive el planeta se necesitan ideas, patentes, datos y liderazgos comprometidos.
Estimados Rectores y Rectoras, o comienzan a cambiar o el mismo mercado y el sistema global los irá excluyendo poco a poco, pero de modo sistemático; con la pandemia de covid-19 se ha desatado un pandemónium de oferta online, ya no hay tantas barreras académicas. Es hora de comenzar a actuar…
Investigador Educativo/opicardo@asu.edu