Fue el 29 de octubre de 2015.
Los partidos FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. Con esta se le gravó a usted con el tributo conocido popularmente como Impuesto a la Telefonía.
Todos los productos y servicios relacionados a las telecomunicaciones se gravaron con una alícuota de un 5 %. El objeto era fortalecer el financiamiento del Estado en materia de seguridad pública.
A finales de 2015 un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese tributo. La Sala de lo Constitucional mantuvo inerte esa demanda —como ocurrió con muchas otras de naturaleza tributaria. No fue hasta treinta meses después, el 30 de mayo de 2018, cuando apenas se admitió a trámite la demanda. Aún falta que ese proceso se sentencie.
La Sala no brindó en este caso la pronta y cumplida justicia que le obliga el artículo 182 ordinal 5o. de la Constitución. Mientras tanto usted, mes a mes, ha dejado de entregar a su familia una cantidad del dinero que gana para dárselo al Estado a través de esa contribución especial. Usted juzgará si tras estos años ha visto los resultados de ese sacrificio.
El pasado lunes el candidato presidencial Carlos Calleja, de la alianza ARENA, PCN y PDC, dijo: “Llegó la hora de tomar decisiones; en mi gobierno ya no vas a pagar el impuesto del 5 % a la telefonía; lo voy a eliminar”. Horas después el candidato presidencial Nayib Bukele, del partido GANA, dijo en un tuit: “¿ARENA va a hacer alguna propuesta o solo se va a quedar a copiar las nuestras? Tenemos más de un año de haber propuesto, varias veces, quitar el impuesto a la telefonía y a la tecnología”.
Los gringos tienen buenas frases. Una de ellas es: Put your money where your mouth is. En las campañas electorales suele haber mucha boca. Es normal, de eso se trata. Pero en este punto sería bueno exigirles a los candidatos presidenciales: Pongan sus votos donde está su boca.
Resulta que para derogar la Ley de la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana no es necesario que ni el señor Calleja ni el señor Bukele lleguen a la Presidencia. El artículo 131 ordinal 5o. de la Constitución atribuye a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar leyes, y también la de derogarlas. La iniciativa para derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana la puede tener cualquier diputado de la Asamblea Legislativa, y para aprobar tal derogatoria bastarían 43 votos. GANA, ARENA, PCN y PDC los tienen.
Sí, es probable que el Presidente de la República vete el decreto que deroga esa ley. Pero resulta que GANA, ARENA, PCN y PDC suman 59 votos; y si a ellos se les suma el CD, que manifiesta apoyar a GANA en las próximas elecciones, alcanzarían 60. Para superar un veto presidencial se necesitan 56 votos, de manera que les sobran votos para derogar el “Impuesto a la Telefonía”.
Eso sí, en caso decidieran derogar ese tributo, deben cumplirse con los principios constitucionales que rigen el proceso de formación de ley. Esto significa, por ejemplo, cumplir con los principios de publicidad y deliberación. Hacerlo en un madrugón dejaría expuesta la derogatoria a una inconstitucionalidad por vicio de forma. Pero eso tampoco sería una excusa para dorarnos la píldora con una deliberación ad infinitum.
Candidatos, hoy que hablaron, si deciden no acompañar con acciones sus palabras, o si sus fracciones legislativas no les acompañan en una iniciativa así, los electores tendrán un insumo más para evaluar su honestidad y liderazgo. La pelota está en su cancha.
Abogado
@dolmedosanchez