De la vacuidad substantiva de las promesas y programas que durante la campaña política Nuevas Ideas presentó como plan de gobierno, la vertical temática que a muchos nos parecía más importante conocer por resultar un reto prioritario para el país del que muchos de nuestros obstáculos hacia el desarrollo emana, eran las políticas de seguridad. La espera ha terminado y lo que se nos ha presentado es un tributo a la nostalgia. O por emular el estilo de nuestro presidente tuitero, lo que tenemos son políticas de #throwback.
En las redes sociales se le llama #throwback a aquel contenido que emula épocas anteriores, ya sea fotos pasadas, modas no actualizadas, o simplemente, contenido que evoca recuerdos. Y ¿cómo no evocar el recuerdo de las políticas de mano dura de Francisco Flores en 2003 con tanto despliegue publicitario? O, ¿cómo no reconocer en el rol de protagonismo que continúa teniendo la Fuerza Armada en la ejecución del plan de seguridad un atisbo de las medidas extraordinarias de Salvador Sánchez Cerén? Y el problema de este “copy paste” de tantas políticas de seguridad anteriores es que como una película que ya vimos, sabemos de entrada que los efectos no son la reducción de la criminalidad, porque los problemas estructurales permanecen intactos.
Como bien señalara la investigadora salvadoreña Jeannette Aguilar en una columna para la revista digital Factum, muchas de las medidas que Nuevas Ideas está intentado re-empacar como novedosos enfoques a través de publicidad y una agresiva estrategia de comunicaciones líderada por el mandatario online, no son más que acciones que ya se encuentran comprendidas en la ley y que ya se practican como protocolos de seguridad; por ejemplo, el bloqueo de señales telefónicas y las transacciones monetarias electrónicas en centros penales. Que sí, que ya existían estas medidas, pero es que no las estaban ejecutando a su totalidad. Que ahora va a ser diferente, dicen algunos, porque la gente a cargo es diferente.
Pero los incentivos, que son al final lo que mueve a los individuos a ejecutar o dejar de ejecutar una medida, no han cambiado en nada. Y no necesitan ser económicos: uno de los incentivos más poderosos es el afán de supervivencia y evitar ser víctima de la violencia criminal empuja a más de algún custodio a ejecutar a medias la regla, a hacerse el del ojo pacho con aquél celular que entró, o a permitir privilegios entre reclusos. Al final, si algo hemos aprendido de las políticas pasadas es que su aplicación no ha sido consistente, ni sostenible.
La solución, por supuesto, no es ignorar el tema y no hacer nada. Claro que la batalla por preservar el Estado de Derecho a través de la aplicación de leyes y medidas existentes de manera consistente es permanente. Pero, como señala Aguilar en su columna, muchas de las figuras en posiciones de liderazgo dentro de entidades para la seguridad pública como la PNC, continúan siendo las mismas de siempre, pertenecientes a la vieja guardia y sin incentivo alguno de cambiar el enfoque autoritario y represivo de nuestras políticas de seguridad para enfatizar más la prevención y la rehabilitación.
Según Aguilar, abunda la evidencia empírica de que el reduccionismo de las políticas de seguridad al enfoque de combate unilateral a las pandillas, es “una receta al fracaso”, porque las pandillas al final sólo son un elemento más de una estructura de criminalidad mucho más compleja en la que participan todo tipo de actores con diferentes incentivos, incluso muchos desde entidades estatales. Solo un plan de ruta distinto a los anteriores, uno que atienda a la enfermedad (que es social) y no solo a sus síntomas de criminalidad, podrá encaminarnos a un destino diferente.
Lic. en Derecho de ESEN, con maestría
en Políticas Públicas de Georgetown
University.
@crislopezg