En toda América Latina, quizás en todo el mundo, hay un prejuicio a favor de las turbas que, como en Chile en este momento, destruyen edificios, vehículos y vidas humanas en terribles orgías de violencia. El prejuicio se ha manifestado de varias maneras. Primero, se les creyeron sin cuestionamientos las razones que dieron para explicar sus actos destructivos: primero porque habían subido los precios de los tiquetes del metro en 4 centavos y luego por la inequidad supuestamente prevaleciente en Chile, por los bajos salarios y por los malos servicios públicos.
El público también asumió inmediatamente que las quemas de las estaciones de trenes y de los trenes mismos y la destrucción de supermercados y la quema de personas vivas son pasos necesarios y moralmente justificables para lograr la deseada disminución de la inequidad y los mejores salarios y servicios públicos. La gente no se pone a pensar que Chile es una democracia y que si a uno no le gusta lo que hace un partido puede entonces votar por otros sin necesidad de quemar nada ni a nadie. Lo más ominoso es que la gente interpreta lo vicioso de los crímenes como prueba de que el gobierno les tiene que haber hecho cosas terribles a los que los cometen para que ellos reaccionen así.
Es por estos prejuicios que la gente cree fácilmente que los que queman y matan son los mismos ciudadanos respetables que protestan por problemas del gobierno, sin darse cuenta de que hay dos procesos distintos pasando en Chile. El primero es una manifestación de descontento muy común en todas las democracias y que tiene implicaciones sólo para Chile. El segundo es un asalto al poder que tiene implicaciones muy graves para toda América Latina. Las dos cosas están mezcladas en los hechos que se están sucediendo diariamente, pero son esencialmente diferentes.
Habrá mucha gente que crea que lo que están planteando en esta segunda batalla es una entre ideologías de izquierda y derecha, pero si esto fuera así el escenario para hacerlo no es una estación en llamas sino un evento electoral. En Chile hay partidos de izquierda y derecha, y en los últimos treinta años ha habido presidentes y senadores y alcaldes de ambas tendencias. Habrá mucha otra gente que piensa que los grupos de violencia profesional tienen que venir de Cuba o de Venezuela. Esto puede ser verdad o no. No hay duda de que ambos países tienen motivos para hacer esto y los medios para hacerlo. Lo han hecho ya muchas veces en otros países. Pero, siendo importante si son cubanos o venezolanos, esto no es el punto crucial de estos hechos. Hay suficientes chilenos que apoyan las maneras violentas de adquirir y manejar el poder como para formar los grupos que han estado actuando en los últimos días.
Así, lo que se está planteando no es una batalla entre izquierda y derecha, ni entre Cuba y Venezuela y Chile, sino una batalla entre dos regímenes radicalmente opuestos: la democracia naciente en América Latina y las viejas tiranías violentas y arbitrarias que destruyeron el progreso de la región por dos siglos. En ese sentido, la batalla en Chile es una batalla mil veces peleada y mil veces perdida durante la mayor parte de la historia de Latinoamérica. Es la batalla que se perdió en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que viven bajo caudillos iguales en naturaleza pero más sangrientos que Fulgencio Batista, Juan Vicente Gómez y Anastasio Somoza.
El resultado de la batalla depende crucialmente de si Piñera se va o no. Si Piñera se queda, puede perfectamente trabajar con la oposición dentro de las instituciones democráticas para arreglar todos los problemas que han causado malestar a la ciudadanía. Si Piñera se va, los efectos serían catastróficos por dos razones. Primero, se habría establecido el precedente de que el camino más corto al poder no es trabajar dentro de las instituciones para ganar elecciones sino volar estaciones de metro, legitimando estos actos violentos como parte de la política en Chile. Segundo, un gobierno que hubiera subido al poder sobre actos tan cínicamente violentos como los de los últimos días no tendría ningún escrúpulo para usar los mismos métodos para mantenerse en él —como Castro, Maduro y Ortega.
Máster en Economía
Northwestern University