La crisis institucional que vive nuestro país es el desenlace de la poca importancia que los gobiernos de ARENA y del FMLN (con sus aliados bisagra PCN, PDC, GANA y CD) dieron al fortalecimiento de las instituciones a partir de los Acuerdos de Paz. Estos actores estuvieron más interesados en impulsar funcionarios afines a sus ideas políticas, antes que apostarle al profesionalismo, a la independencia, a la honestidad y al buen servicio público. Por ejemplo, prefirieron nombrar fiscales que se ocuparan prioritariamente de la criminalidad común de bagatela, antes que perseguir los grandes crímenes cometidos desde el propio Estado, muchos con la coautoría de la empresa privada.
Estos partidos prefirieron nombrar magistrados para la Corte de Cuentas que se entretuvieran con pequeños reparos a concejos municipales o instituciones intrascendentes, antes que fiscalizar la depredación de los fondos públicos. Con frecuencia les interesó mucho más tener jueces en la Corte Suprema de Justicia dispuestos a recibir llamadas y a no incomodar al poder político, antes que potenciar auténticamente la independencia judicial. Dentro del Órgano Ejecutivo, salvo escasas excepciones, los presidentes se decantaron por nombrar ministros allegados al partido político, muchos inexpertos, y en algunos casos ineptos, para dirigir instituciones centrales encargadas de la salud, educación, seguridad y trabajo, lo que sentó las bases para el estancamiento y precariedades en dichas áreas.
Además, en esos gobiernos prevaleció el reparto de cargos públicos basado en cuotas políticas partidarias y la utilización de las instituciones para favorecer a sus financistas, afiliados, simpatizantes o correligionarios, independientemente de sus capacidades para impulsar el país al desarrollo, sin importarles demasiado el respeto de los derechos humanos, el mejoramiento de la seguridad pública, la protección y conservación del medio ambiente, ni en asegurarles a los ciudadanos las condiciones para una vida digna. Ese modo de proceder, destinado a favorecer al partido político, a sectores específicos, familias o allegados, ha provocado un daño generalizado al sistema y a la mayoría de la población.
Si los gobiernos de ARENA y del FMLN se hubiesen empeñado en educar a la población, en fomentar el trabajo y el respeto a los derechos de los trabajadores, en mejorar los sistemas de selección de jueces, en ofrecer dignas condiciones de salud y en garantizar la seguridad de los habitantes, la irrupción autoritaria del presidente Bukele habría sido frenada inmediatamente por el pueblo.
En estos tiempos sombríos es inevitable recordar el desprecio de los anteriores gobiernos al fortalecimiento de las instituciones democráticas y los aires de grandeza de muchos funcionarios mientras estuvieron en el poder. No podemos olvidar las malversaciones de los presupuestos cuando se desviaban recursos para finalidades diferentes a las aprobadas, en los interminables viajes de funcionarios llevándose más de 350 mil dólares en viáticos pagados con fondos públicos y en la vida suntuosa que disfrutaban los líderes de turno y que exhibían sin ningún pudor. Algunos funcionarios acumularon riquezas de forma ilícita y, en su momento, vaciaron las arcas del Estado para beneficios personales, mientras los pobres seguían soportando el abandono total.
Por todo lo anterior, la gran tarea que se esperaba del actual Gobierno, apoyado por la mayoría de los electores, era la persecución penal a los corruptos y la recuperación de los dineros mal habidos y la dureza de la ley para enjuiciar incansablemente a los violadores de derechos humanos. De igual forma, la ilusión cifrada por las mayorías es la de dar un salto de calidad en la educación y el mejoramiento de la salud. Además, también se esperaba que el Gobierno facilitara el acceso a la información de interés público y que se caracterizara por rendir cuentas claras a la sociedad. Se esperaba que eliminara, o al menos redujera sustancialmente, el delito de extorsión. Muchos soñamos con la utopía salvadoreña de tener el privilegio de transitar de manera segura por cualquier parte de nuestro país sin correr riesgos de atentados contra la vida, la integridad o el patrimonio.
Todavía esperamos que el Gobierno ejerza un férreo control de los precios del mercado y que ponga límites a la avaricia de muchos empresarios, banqueros y grandes comerciantes. Esperamos que el Gobierno combata con dureza el contrabando, la evasión de impuestos y los privilegios de los que gozan muchos empresarios, para cuya tarea no deben existir distinciones de colores ni de afinidades políticas. Esperamos que la Fuerza Armada paulatinamente se traslade a su destino natural que son los cuarteles, y no las calles. La sociedad espera el respeto de los valores esenciales de la democracia, la separación de poderes y la no intromisión de un órgano en las atribuciones y competencias del otro.
La diferencia que se esperaba con este Gobierno es que, al frente de cada ministerio o de instituciones autónomas, se nombraran personas técnicamente capaces, con experiencia, preparación académica óptima, que practicaran la austeridad y que actuaran conforme al buen juicio. Creíamos que con el nuevo gobierno se acabarían las viejas prácticas de nepotismo y el caos salarial dentro de la administración pública.
Sin embargo, el combate a la corrupción no puede ser ejecutado por las personas sospechosas de realizar actos similares, ni los violadores de derechos humanos pueden ser perseguidos por otros con idénticas características. Tampoco la rendición de cuentas y el acceso a la información será impulsada por quienes buscan mantener en secreto la función pública, ni los empresarios avaros van a ser perturbados por quienes se aprovechan de las influencias políticas. De la misma manera, los principios y valores democráticos no podrán ser defendidos por quienes los quebrantan cotidianamente.
Estamos a la mitad del quinquenio del presidente Bukele, y más allá de una novedosa y costosa publicidad, el pueblo salvadoreño no ha experimentado los cambios esperados ni tampoco se percibe que el país se dirija hacia destinos halagüeños. Más bien, vemos que la corrupción e impunidad de los funcionarios públicos siguen reinando en el país, que los violadores de derechos humanos siguen siendo intocables, que en la educación y la salud no se perciben avances reales, que hay una tendencia a anular el derecho de la sociedad al acceso a información pública y la rendición de cuentas es prácticamente inexistente; que las grandes, medianas y pequeñas empresas siguen siendo víctimas de extorsión; lo mismo que todo tipo de negocios formales e informales.
Por su parte, los profesionales, y hasta los vendedores ambulantes, son obligados a entregar dineros a las estructuras criminales para que les dejen trabajar y muchos territorios siguen en poder de tales estructuras criminales, quienes imponen reglas de convivencia al margen del Estado. Los precios de los productos asfixian a las mayorías pobres, la persecución de la evasión de impuestos solo de los adversarios políticos y críticos del Gobierno sigue siendo la dinámica tradicional. De igual forma, los militares han invadido las calles y ahora vemos su presencia en toda clase de actos masivos de la población civil y la cooptación de los Órganos Legislativo y Judicial por parte de la Presidencia de la República es evidente. Los nombramientos de funcionarios públicos basados en el mérito y la aptitud seguirán en la lista de espera. Mientras tanto, continúa la práctica, ahora acrecentada, en la que los altos salarios están reservados a personas que carecen de méritos y aptitudes para desempeñar los cargos en los que han sido designados. Hay ausencia total de una política real, técnica y creíble acerca de la protección del medio ambiente y no se resuelve la grave problemática relacionada con el derecho de acceso al agua que nos pertenece a todos sin distinción, de manera suficiente y en condiciones aceptables de saneamiento.
No extrañamos a los gobiernos de ARENA ni del FMLN, pero el actual gobierno de Bukele realmente se ha convertido en una amenaza grave al sistema, a las instituciones, a la seguridad física y jurídica de las personas. Este Gobierno también es una amenaza a las libertades, especialmente a la libertad de expresión, de prensa y a la libertad ambulatoria. El presidente parece estar dispuesto a no ver ni oír al sector crítico del pueblo, a quienes no ha contagiado con su fanatismo y su constante campaña ilusionista, a quienes no vemos que se produzcan los cambios reales esperados. El presidente soterró de un tajo los pequeños avances democráticos que a base de luchas se habían alcanzado.
Ante la ceguera y la sordera del presidente y sus cómplices, invitamos a las mayorías a reflexionar crítica y objetivamente sobre las amenazas que se visualizan en el camino, a exigir el cumplimiento de las promesas de dignificar la vida, de combatir la corrupción e impunidad, de ser transparentes en la gestión pública y de sepultar los vicios en su momento reclamados a los gobiernos de ARENA y del FMLN. De lo contrario, nada ha cambiado en nuestra debilitada democracia y debemos volver a empezar, una vez más.
Docente del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Artículo publicado en Proceso N.° 52. (Se reproduce con autorización de la UCA).